La elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está viciada desde ahora y corre peligro, nuevamente, de impugnarse, porque a los diputados han actuado con ignorancia legal o quizá, con dolo. El proceso ahora, es inconstitucional, eso podría impugnarlo cualquiera.
Ello porque en la revisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, los señores congresistas y sus asesores, dejaron pasar la postulación del ex presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, Edgar González Romano, a pesar que dicho personaje incumple con los requisitos de elegibilidad.
De acuerdo con la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión será electo por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura del Congreso. Para ser Presidente se requiere, entre otros aspectos, “al momento de la designación no ser servidor público de la Federación, del Estado o del Municipio o haber sido gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, Procurador General de Justicia, Diputado Local, Senador, Diputado Federal o Presidente Municipal, durante un año previo a su designación.
Sin embargo, el señor González Romano, de grises resultados y de dudas sobre el manejo de las arcas del órgano garante de la transparencia durante 2016, tiene cuatro meses y 18 días que dejó el cargo público de primer nivel.
Los diputados los sabían o de plano, en la documentación que presentó el ex comisionado del IAIP, ocultó ese pasado.
Sin embargo, el desconocimiento no exime a los diputados de su responsabilidad, porque actúan con distinto rasero, a tres ya dejaron fuera por incumplir los requisitos.
El señor González Romano fue hasta el último día del año pasado funcionario público de primer nivel. Independientemente de que fungiera como tal de un organismo autónomo.
Ahí, en el artículo 107 de nuestra Constitución Política local lo establece y si no lo saben, aquí se los recordamos: … se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los funcionarios y empleados de los poderes Judicial y Legislativo, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, así como en los órganos públicos autónomos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; así como aquellas personas que tengan a su cargo o se les transfiera el manejo o administración de los recursos públicos.
Es más, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, se precisa que “son servidores públicos, entre otros, los titulares de coordinaciones y las personas que desempeñen un empleo, cargo ó (sic) comisión de cualquier naturaleza en: a) La Administración Pública Estatal o Municipal: 1. Centralizada; 2. Paraestatal, y 3. Paramunicipal. b) En el Poder Judicial; c) En el Poder Legislativo, d) En los organismos públicos autónomos. Los patronatos que manejen recursos públicos, y toda persona que tenga a su cargo o se le transfiera el manejo o administración de recursos públicos”.
Así que señores diputados a estudiar. Si no actuaron con dolo al dejar pasar al ex funcionario que vivió del erario los últimos tres años y que concluyó su mandato en el ocaso de 2016, lo hicieron con ignorancia o acaso, el señor González Romano les ocultó que fue funcionario de primer nivel. Si esto fue así, que tampoco lo dudo, dado el pasado negro, de mentiras y abusos, los diputados están a tiempo de rectificar y excluirlo antes de que inicie el proceso de entrevistas o comparecencias, pues de lo contrario, esta nueva elección podría venirse abajo.
