El titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez parece que no cree o no tiene aliados en la actual legislatura local, en especial, en su bancada, la del PRI. Las diferencias son evidentes, y eso no sería nuevo, pues es cierto que como candidato a la gubernatura, no tuvo la posibilidad de proponer abanderados al Congreso local. Quien despachaba en Palacio de Gobierno en ese entonces, hace poco más de un año, Mariano González Zarur, fue quien lo hizo.
Con ello, el campo de maniobra del actual mandatario, parece ser, es muy pero muy poco con los actuales integrantes de la bancada del PRI y quizá por ello, la mayoría de los seis legisladores del tricolor hacen lo que quieren o bien, interpretan los mensajes y señales que éste les envía, a su libre albedrío o lo que su capacidad les da.
Muestra de ello es que las propuestas hechas por el Ejecutivo local y los diputados de su partido, en torno al principal trabajo legislativo y más importante, quizá de toda la LXII Legislatura, como lo es la creación del sistema estatal anticorrupción son diametralmente opuestas y contrarias.
Por ejemplo, mientras el líder de esa bancada, Mariano González Aguirre, hijo del antecesor de Marco Mena, presentó su propuesta para crear un sistema de ética e integridad pública del estado de Tlaxcala, el mandatario no se anduvo por las ramas y en su iniciativa -por cierto presentada a 49 días de que venza el plazo que tienen para adecuar las normas locales en la materia- lo nombró como tal: Sistema Estatal Anticorrupción.
Pero las diferencias no son solo en el nombre, también en la esencia, porque la propuesta de la bancada priista, que encabeza Mariano González Aguirre, tiene planteamientos contrarios a las ideas plasmadas en el proyecto gubernamental.
El hijo menor del ex gobernador propuso, el 23 de febrero pasado, desaparecer la Procuraduría General de Justicia del estado y en su lugar crear la Fiscal General de Justicia del Estado, con autonomía y en ésta, operaría una Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Aunque la iniciativa a la que le dio lectura el líder de la bancada priista tiene diversas antinomias, pretendía que el titular de esa instancia fuera designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado. Es decir, por él y sus homólogos
Pero en el proyecto remitido por el gobernador, que seguramente transitará, no prevé desaparecer la Procuraduría, pero si la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual dependerá en todo del procurador, en este caso de Tito Cervantes Zepeda.
Además, surge otra diferencia, ya que mientras el junior y sus correligionarios, porque aparecen como firmantes del documento, planteaban la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos; que establezca su organización, norme su funcionamiento y prevea los medios de defensa para impugnar sus resoluciones, la propuesta del gobernador es otra muy distinta.
El nuevo jefe político de los priistas propuso la creación ese Tribunal, pero adscrito y con sumisión al Poder Judicial del Estado, en donde ahora mismo, el mandatario tiene mayoría de simpatías. La iniciativa prevé que la administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado corresponderán a una Comisión del Consejo de la Judicatura, instancia que encabeza Elsa Cordero Martínez.
Éstas son algunas de las diferencias que saltan a la vista entre la propuesta priista y la de su gobernador, las cuales hacen advertir que no hay una buena coordinación y quizá ni comunicación para llevar al mismo puerto los trabajos que deberían desahogar los diputados con el mandatario estatal en el acompañamiento de gobernanza moderna.
