Ni víctimas ni victimarios pueden sentirse los partidos políticos que participaron en los comicios del pasado domingo, porque entre todos le asestaron un duro golpe a la democracia, a las instituciones y la credibilidad ciudadana.
Con ello, es verdad que ninguno de los institutos políticos puede decirse ganador o perdedor de la contienda, cuando fue la democracia la que salió herida de muerte, porque todos, sin excepción, sacaron lo más ruin y deleznable de las marrullerías electoreras.
Compra y coacción de votos, acarreo de militantes, rumores, amenazas y demás “linduras” fueron los golpes lapidarios a la democracia.
De eso, aunque a su manera, dio cuenta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) quien informó que tan solo el domingo, antes, durante y cinco horas después del cierre de casillas, había recibido mil 247 denuncias provenientes de los cuatro estados en los que se realizó la elección
También dio cuenta que detuvo a 13 personas, abrió 10 carpetas de investigación por posibles delitos electorales en cuatro entidades del país en donde hubo estas elecciones, como son Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.
Esto pone en evidencia que nuestra democracia es endeble ante los embates del dinero y del poder del Estado, así como de los intereses empresariales que hacen sus inversiones para cuidar sus respectivos feudos e intereses y los partidos y grupos de poder, también contribuyen a toda esta maraña de fregaderas que atentan contra la voluntad de los electores y del pueblo.
Por eso, desde mi participación en el programa radiofónico de Disonancias, que se transmite todos los lunes por las frecuencias de las tres estaciones de radio de la Coracyt, afirme que para su servidor, las elecciones del pasado domingo han sido las peores desde que tengo uso de razón en la materia.
Porque el dinero que compra voluntades fue el que imperó, ese que fue almacenado y entregado en hoteles, dinero repartido a operadores, dinero en bolsas, en coches, dinero sacado de licitaciones millonarias y probablemente ilegales, dinero en tarjetas, en efectivo, en transferencias. Dinero por todas partes. Todo fue dinero en estas cuatro elecciones.
Por ello afirmo que el uso de recursos públicos, tanto de la federación, de los estados y de los municipios, fue el sino de esta contienda. Programas sociales de todos los niveles a cambio de votos. Entrega de tarjetas con dinero, una parte antes de emitir el voto y otra más en los días subsecuentes, así como la autorización de paquetes de apoyo social fueron las monedas de cambio para la mayoría del electorado.
Todo ello fue aderezado con múltiples participaciones financieras de capitales privados. Constructores, proveedores y hasta aspirantes a cargos de elección popular, que así compran voluntades, también le entraron a este juego perverso en donde el fin único era mantener o acceder al poder, según sea el caso, a costa de lo que sea.
Y de todo ello el árbitro electoral fue cómplice. Por acción o por omisión, los órganos electorales locales en estas cuatro entidades y desde luego el Instituto Nacional Electoral (INE) dejaron de cumplir con sus principios rectores.
Ni hubo legalidad ni certeza en esta contienda, pero lo peor de esta historia es que todos los partidos y actores son responsables de ello, y con el terror de no equivocarme, es lo que podríamos ver en las elecciones presidenciales del próximo año.
Al margen:
El reparto de cuotas entre las bancadas mayoritarias en el Congreso local está en proceso. En la designación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se confirmará el reparto de cuotas y así ya quedó la terna de finalistas. El PAN van con Pedro Emmanuel Ortega Espinosa, el PRD con Francisco Javier Santillán Cuautle y el PRI con Víctor Manuel Cid del Prado Pineda. Los demás no tuvieron padrinos. Que nos agarren confesados.
