Si no hay cambios de última hora y si las cosas le salen el PRI como lo planea, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda sería el próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Sin embargo, aunque esa es la principal apuesta del tricolor, lo cierto es que tiene un as bajo la manga y podría cambiar de planes de último momento sí la propuesta –dicen que también es la del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez- nos prospera.
A esa pugna y estrategia se ha reducido el proceso de designación de la CEDH, en un reparto de cuotas entre partidos. Así lo advertimos en este mismo espacio en su edición del pasado 29 de mayo.
Son tan previsibles, aunque al final el PRI sacrificó a su ex edil de Nopalucan, Florencio Licona Pérez, para impulsar a un gris prospecto como Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, que se confirmaron dos de las tres propuestas que dábamos a conocer desde hace 10 días.
Aquí lo referimos: En un reparto de cuotas y espacios entre las diversas bancadas y representantes de partido parece que se reducirá la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PAN al parecer ya tienen a sus respectivos candidatos, solo que a ninguna de las mismas, por si solas, les alcanza el número de votos requeridos para definir a los nuevos funcionarios, de ahí que los acuerdos alcanzarán al resto de la estructura de ese organismo.
El PRI, como fuerza mayoritaria y con sus aliados, PVEM, Socialista y Nueva Alianza, así como la “independiente” Yazmín del Razo Pérez, podrían llegar hasta 13 votos, requerirá de cuatro sufragios más para lograr la mayoría calificada en esta elección e imponer a la propuesta que ellos decidan.
Eso relatamos y las cosas siguen igual. El PRI tiene sus ojos puestos en conseguir los cuatro o cinco votos que le faltan para imponer su voluntad. No quieren perder la votación; no solo se juega la unción del nuevo funcionario, también la posibilidad de una futura derrota en cualquier decisión del pleno que requiera de mayoría calificada.
Por ello, buscarán a toda costa tener las voluntades que les hacen falta. Incluso, podrían proponer que la votación sea por cédula y en secreto, a fin de no evidenciar a algún panista o perredista o de los representantes de partido que logren convencer.
La maquinaria está operando, porque no quieren que pase la propuesta de Acción Nacional, Pedro Emanuel Ortega Espinoza, ex funcionario de la CEDH. Lo señalan de todo, incluso, ellos y sus corifeos, han utilizado como argumento un desencuentro que dicho aspirante tuvo con su servidor en un partido de futbol. Lo cierto es que, muchos que han jugado ese deporte saben que eso es común, en aquella ocasión hubo intercambio de ofensas y descalificaciones y fue su servidor quien le propinó un golpe. Las cosas como son, y aunque esto me apena, la mentira entorno a ese incidente no debería usarse para los intereses de algunos.
Sin embargo, Ortega Espinoza se jugó su futuro con el PAN, y esa bancada solo tiene cuatro votos, así que sus posibilidades son más que marginales.
Y el PRD cobijó al Francisco Santillán, un excelente ser humano y mejor amigo, del cual recibí orientación en muchas ocasiones cuando tuvo su pasó por el Congreso local. Pero su pasado en torno a Lorena Cuéllar y su familia, incluido Fabricio Mena Rodríguez, hermano del gobernador y para muchos el operador financiero de éste, puede convertirlo en la segunda opción del PRI.
Pero anoche, los estrategas del tricolor valoraban otra opción: ampliar el número de integrantes de la lista de finalistas –a pesar de que las comisiones unidas ya aprobaron y elaboraron el dictamen. La finalidad es demostrar que los datos dados a conocer la víspera en este espacio, – así como en otros medios- sobre los integrantes de la terna eran falsos, –cosa que no es así, ayer tres diputados nos confirmaron la triada- y de paso, colar otra alternativa para sus objetivos. Sin embargo, no lo habían concretado.
Como sea, este jueves, de no pasar nada extraño, como la falta de acuerdos y de votos suficientes, se concretará el reparto de cuotas o imposición de voluntades, que nada tiene que ver con la designación de la mejor persona que Tlaxcala requiere para la defensa de los derechos humanos.
