Tlaxcala contará ya con su Sistema Estatal Anticorrupción. Si no hay cambios, este jueves habrá reforma constitucional en la materia y con ello, oh sorpresa, acabarán con la hegemonía de una familia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT). Los diputados, sin quizá imaginarse, afectarán el bastión de la familia Ortiz.
Los legisladores incluyeron una disposición constitucional en el que, de aprobarse como está en el proyecto, aprovecharon la enmienda, para incrustar en la estructura de la universidad un contralor interno, externo, que será designado por el Congreso local y que vigilará el uso y destino de los recursos que ejerce esa institución.
A pesar de que el principal activo de la familia Ortiz, como es Héctor Israel Ortiz, está dentro del Poder Legislativo y cobra como diputado, no hizo nada ni ha hecho nada, para frenar esa enmienda, que de prosperar, sería un duro golpe al manejo tradicional que ha hecho de esa institución.
Aunque no es exclusivo para la UAT, porque esa figura también operará para los institutos Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) –que ya lo tiene- y de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), y para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), es en la máxima casa de estudios donde mayores repercusiones tendrá.
La redacción de esa propuesta es que, el artículo 54, de la Constitución, tenga una fracción LXI, que establece que es facultad de los diputados, designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los Órganos Autónomos reconocidos en esta Constitución, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado.
Esta nueva instancia se encargaría de vigilar cómo, cuánto y en qué se gastan los dineros de la universidad, así como del resto de los organismos. Pero si tomamos en cuenta el presupuesto de la UAT, que tiene más recursos que los poderes Legislativo y Judicial juntos, y hasta sumados los recursos del resto de los organismos autónomos, es ahí donde pegará más esta enmienda.
Del resto, hay cosas rescatables, pero poco novedosas. Los diputados pudieron, pero no quisieron, establecer propuestas de avanzada, pero solo replicaron los mandatos constitucionales federales.
Pero también, dirán lo que gusten nuestros legisladores, pero al final nos darán la razón cuando escribimos en este espacio que el Ejecutivo local les había enmendado la plana en este trabajo; prácticamente la totalidad de la iniciativa gubernamental será aprobada por los legisladores.
Se crearía el Tribunal de Justicia Administrativa, como una instancia que formará parte del Poder Judicial del estado, aunque dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones. Estará integrado por tres magistrados, propuestos por el gobernador del estado y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del estado. Durarán en su cargo seis años y sólo podrá ser removido de su cargo por las causas graves que señale la ley.
Asimismo, este sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares del Órgano de Fiscalización Superior, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría del Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado; el magistrado presidente de lo que será el Tribunal de Justicia Administrativa; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial local y por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá, entre otros planteamientos.
Sin embargo, pese a estas propuestas, dudo que se acaben los abusos, los excesos y demás linduras que por años nos han regalado las autoridades estatales y municipales en el manejo de las arcas públicas.
