El país y Tlaxcala iniciarán la guerra contra la corrupción, sin armamento, sin municiones y sin soldados.
El 19 de julio México se despertará con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con fallas estructurales: no tendrá solados, no habrá fiscal anticorrupción, ni nacional ni estatal, ni habrá magistrados especializados, ni la totalidad de las normas para echar a andar este sistema, como lo son su armamento y municiones. Con ello, la corrupción sigue ganando esta lucha.
El plazo de ley para la entrada en vigor este sistema vencerá sin que se haya concluido la instalación en el país ni en Tlaxcala los sistemas debidamente articulados, porque no solo con reforma la Constitución local, se logrará articular las acciones para combatir ese flagelo que tanto daño genera a la sociedad, como es la corrupción.
A nivel federal, al Senado de la República se le hizo engrudo la designación del fiscal anticorrupción y tampoco ha logrado armonía con las entidades federativas para que se establezcan las disposiciones jurídicas para crear los órganos estatales en la materia.
Es el caso de Tlaxcala y de una veintena de entidades.
Aquí, nuestros flamantes diputados, buenos para los huehues, pero no para legislar, están en una encrucijada legal y política, en la que ellos mismos se han sumergido dada su displicencia, desinterés, desconocimiento y falta de compromiso.
Están dispuestos a caer en omisión legislativa y dejar para mejor oportunidad la expedición de una serie de disposiciones locales que fortalezcan la lucha en contra de los abusos de la clase política y los particulares que se han beneficiados de las acciones de gobierno.
A ocho días de que concluya el período que el Congreso de la Unión dio a Tlaxcala, como al resto de las entidades federativas, para crear el sistema estatal anticorrupción, los diputados solo les alcanzó el tiempo y la disposición para emitir una serie de reformas constitucionales.
Sin embargo, éstas no gozan de plena vigencia; hasta la semana pasada, solo ocho Comunas habían respaldado esas adecuaciones, por lo que faltaban al menos 23 cabildos que se pronunciaron a favor de las mismas.
Pero no es responsabilidad de los municipios apresurar dichas reformas; sobre todo, porque a decir de éstos, no hay ni cabildeo ni llamados para agilizar ese proceso legal, ya que en los hechos, no hay interés de que entre en vigor este esquema.
La displicencia, desinterés y falta de compromiso de los diputados es evidentes ya que llevaron hasta el último momento la aprobación de la reforma constitucional en la materia. Fue hasta el 15 de junio, es decir, a un mes de que venciera el plazo en la materia, cuando los diputados aprobaron las reformas constitucionales y con tan poco tiempo, ahora evaden la responsabilidad de esta situación.
Con tal panorama, los diputados no temen ningún tipo de escarnio por tal situación, ya que están claros que no hay ninguna sanción por esa omisión y muchos menos, sanción por su proceder, por lo que en caso de confirmarse que dejarán de cumplir con la orden federal, aspirar a tener las condiciones para retomar los trabajos hasta el mes de agosto.
