Con posiciones de propias de pobladores de las añejas Tiro y Troya, así se encuentran las aristas de nuestra clase gobernante, que culpan al de enfrente pero hacen poco para solucionar la problemática; es más fácil repartir culpas para evadir responsabilidades que asumir corresponsabilidades.
Y eso queda claro cuando de analizar los resultados del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el que nadie está satisfecho ante sus dividendos.
La sociedad se siente vulnerada y desprotegida cuando ve a los ladrones de escasa ralea caminando por las calles tras abandonar la reclusión con el pago de exiguas cauciones. La discusión ciudadana sobre la seguridad pública se descompone cuando familias enteras han perdido no solo el patrimonio, sino su seguridad y tranquilidad a manos de delincuentes que campantes se pasean frente a ellos.
Esa realidad crespa a la ciudadanía que ahora busca tomar la justicia por su propia mano. Ahí tenemos los recientes casos de intento de linchamiento en San Juan Huactzinco y en Santa Isabel Xiloxoxtla, ambas por el hartazgo social.
Pero las autoridades, alcaldes y gobernador, se quejan de los resultados de este sistema. Las autoridades de las áreas de seguridad pública y juristas también se suman a la demanda de que este esquema debe ser revisado y, en su caso, reformado, para evitar que miles de detenidos, por diversos delitos, puedan quedar en libertad.
En el caso de Tlaxcala, los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, Marco Mena y Elsa Cordero Martínez, respectivamente, coincidieron en la necesidad de realizar reformas en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal para la ampliación del Catálogo de Prisión Preventiva.
En este caso, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, admite que hay una deficiencia en la implementación nacional de este sistema, ya que “se dedicaron mucho a la implementación pero se olvidaron que la consolidación también es igual de importante y ahora no hay un organismo que conlleve eso, pues antes nos medían a través de la Secretaría Técnica que ya desapareció.
El gobernador también insiste que los diputados deben reformar la legislación y adecuarla a la realidad. Esa postura ya fue retomada en la Conferencia Nacional de Gobernadores, quienes habrán de presentar una iniciativa para que el Congreso de la Unión revise ese tema.
Pero entre ellos mismos hay puntos de discrepancia, por ejemplo, entre los gobernadores difieren entre sí en la determinación de la Suprema Corte de Justicia para que los criminales puedan ser liberados y continuar sus procesos en libertad y, otro, en que se revise el rubro de portación de armas de fuego de alto calibre para decretar prisión preventiva, como las ametralladoras de 50 milímetros, las Barret, con capacidad para derribar aviones o helicópteros y no sólo las de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los mandatarios anunciaron que el próximo lunes solicitarán formalmente a las cámaras de Diputados y Senadores que se analicen las fallas que contiene del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y se proceda a hacerle las modificaciones necesarias, que eviten que muchos criminales sean puestos en libertad.
Entonces está claro que no es con posiciones irreductibles, como aquellas que guardaron en la vieja Grecia los Tiros y Troyanos, como se solucionará esta nueva realidad en México. Se requiere la participación de todos para recomponer y fortalecer este sistema, el cual, como todo proceso jurídico, es interminable y sumamente perfectible.
