Asegura que el Congreso local cumplió con la “primera parte” de la implementación del sistema.
El encargado para la implementación del Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado, Enrique Padilla Sánchez, declaró que será hasta el mes de enero del 2018 cuando el sistema entre en operación de manera completa, toda vez que el Poder Legislativo local a partir de mañana cuenta con seis meses para legislar sobre siete leyes secundarias.
En entrevista, el diputado del PRI dijo que el Congreso local cumplió con el plazo para la aprobación de las reformas constitucionales por lo que se crea el Sistema Anticorrupción y será a partir de la próxima semana cuando los diputados inicien con el análisis de las propuestas para la construcción de las leyes secundarias.
Entre los reglamentos que los diputados deben modificar están la Ley Orgánica del Tribunal para integrar la figura del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado para crear la Fiscalía, además la Ley de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Órgano Superior de Fiscalización, el Código Penal local, así como el análisis el tema presupuestal, por mencionar algunos.
“En la federación una vez que se aprobó la ley se dieron seis meses de plazo para hacer las reformas que siguieron, como tal una vez que tenemos las reformas a la Constitución tenemos los mismos seis meses. La ventaja es que tenemos el tiempo para poder dictaminarlo, para poder organizarlo, y poder evaluar qué es lo que está pasando a nivel nacional, hay dos tema concretos no han nombrado al fiscal en la federación creo que la discusión ha pasado del cómo se elige a cómo se elige por ser temas nuevos, además del tema del Consejo Ciudadano cómo y dónde debe funcionar, entre otros”, declaró.
En tanto, Enrique Padilla sostuvo que el Congreso cumplió con la homologación de la Constitución local con la federal, que era lo que contemplaba como un primera parte para la implementación del sistema anticorrupción, y negó que exista un retraso o el cumplimiento parcial de la reforma constitucional.
