Una verdadera chicana legislativa fue la que nos endilgaron anoche los diputados locales para tratar de salir del paso en un embrollo que si bien heredaron, no han podido procesar, como lo es la decisión de ratificar o no en el cargo de magistrado del Poder Judicial local a Fernando Bernal Salazar.
Las argucias y estrategias que ayer sacaron a relucir los inquilinos del Palacio Legislativo, cuando se le vencía el plazo para pronunciarse al respecto, fueron de varios matices y algunas muy pueriles, como esa de quitar el servicio de energía eléctrica a fin de reventar el proceso legislativo y restituir ésta cuando habían pactado una salida jurídica y política que les permitiera salvar una posible sanción de la justicia federal por desacato.
Desde el pasado mes de septiembre, los diputados fueron notificados la resolución de la Justicia Federal, en especial, del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que ordenó a los legisladores locales realizar un nuevo proceso de evaluación y emitir su respectivo fallo en torno a la permanencia o no de Bernal Salazar.
El fallo involucra a tres legislaturas, las cuales han litigado y atendido diversos fallos de la justicia federal en torno a la posible continuidad del ex candidato a diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena), pues la LX Legislatura, el 12 de octubre de 2013, con el priista Héctor Martínez García como presidente de la comisión especial de evaluación, resolvió no ratificarlo como magistrado del TSJE.
En aquella ocasión, los legisladores consideraron que por falta de probidad, de honorabilidad, de excelencia, de profesionalismo y por desconocimiento de las leyes, no era posible ratificarlo en el cargo de magistrado.
Sin embargo, esa resolución fue impugnada ante en el juzgado de distrito como en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, dentro del juicio de amparo de revisión número 874/2014, quienes nuevamente le dieron la razón al jurista y ordenaron al Poder Legislativo reponer el proceso de evaluación.
Con esa resolución, la LXI Legislatura local volvió a realizar el proceso de evaluación y en enero de 2016 determinaron confirmar lo que sus antecesores habían hecho y decidieron tampoco ratificarlo en el cargo.
Desde entonces, Bernal Salazar mantiene diversos litigios, pero fue el Tribunal Colegiado de Tercer Circuito, al resolver el expediente R-527/2017, el que ordenó al Poder Legislativo, pero con nueva legislatura, reponer nuevamente el proceso de evaluación para determinar si éste puede continuar en el cargo de magistrado.
Y ayer se les venció el plazo a los diputados para pronunciarse al respecto, pero llegaron a la plenaria sin acuerdos. Por momentos, el PRI y aliados alcanzaban en el mejor de los escenarios 15 votos o hasta 16, muy cerca de lograr su objetivo que era negar la ratificación del ex candidato a diputado local. Pero por el otro lado, PAN y PRD hacían un contrapeso con 10 votos. Ninguna de las posiciones se movió.
De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución Política local, son facultades del Congreso, fracción XXVII: Nombrar, evaluar y en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establecen esta Constitución, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado salvaguardando en los procesos los principios, de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad e independencia del Poder Judicial del Estado.
Para ello, refiere esta legislación que se deberán observar las bases siguientes: Una vez cumplido el plazo para el que fueron designados, los magistrados podrán ser ratificados por un periodo igual. El Congreso con la aprobación de las dos terceras partes del total de los diputados que integren la Legislatura (es decir, 17 legisladores) y previa opinión del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño del magistrado correspondiente, resolverá sobre la ratificación o remoción, con anticipación de noventa días naturales a la fecha en que expire el plazo de ejercicio.
Por ello, trataron de reventar la sesión con aquella argucia de que no había energía eléctrica en el Palacio Legislativo, aunque en los inmuebles aledaños los focos y lámparas brillaban; querían ganar tiempo para negociar y recomponer la votación. Pero al final recapacitaron aunque solo fuera para emitir un fallo que en los hechos es una práctica dilatoria solo para tratar de salir al paso del requerimiento judicial.
En votación por cédula, para que nadie supiera el sentido del voto de cada uno, los diputados acordaron y se dividieron en partes iguales los votos. 10 para cada posición; sin ganadores ni vencidos, y esa fue la respuesta salomónica que darán a la justicia federal, que sin mayor empacho, los volverá a emplazar. En suma el espectáculo que ayer nos dieron los legisladores para salvar su pellejo fue simplemente una chicana legislativa.
