Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales iniciaron con el análisis de la solicitud que presentó el exdiputado local José Gilberto Temoltzin.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado, Ignacio Ramírez Sánchez, declaró que no influirán intereses políticos en el dictamen de la solicitud de revocación de mandato en contra de la presidente municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, y del síndico Héctor Martínez García, por actos omisos y colusión con la anterior administración municipal en el caso del litigio del Polideportivo “Carlos Castillo Peraza”.
En entrevista, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que la solicitud que fue turnada a la comisión que preside está siendo analizado, se seguirá con el procedimiento, incluso llamar a la parte solicitante que aporte mayores elementos para dar certeza al dictamen.
Dijo que en ese asunto, los diputados serán cuidadosos para evitar que intervengan asuntos de carácter político en la conformación del dictamen, para dar certeza a la resolución que la Comisión de Puntos Constitucionales construya al respecto.
“Finalmente, te voy a decir una cosa, todo tiene un sesgo político, la mayoría de las cosas que se ven en este Congreso tienen eso porque todos emanamos de un partido político y tenemos que ver con ello; pero nosotros vamos a tratar de que no influya o de que influya lo menos el tema político o que si bien es cierto es una petición hecha por el dueño del predio que es un actor político pero eso no le quita que sea dueño del predio, se tendrá que hacer apegado a derecho como todo lo que se hace en la Comisión de Puntos Constitucionales se tendrá que investigar a fondo, que requerir las pruebas que se necesiten y se va a dictaminar en consecuencia”, sentenció el diputado local.
Ramírez Sánchez, dijo que con esa premisa están iniciando el análisis del caso para darle el trámite correspondiente a la solicitud que le fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales desde el pasado 10 de octubre.
La solicitud fue presentada por Oralia Sarmiento Zempoalteca, en su carácter de apoderada del exdiputado local José Gilberto Temoltzin Martínez en el litigio del predio donde se construyó el Polideportivo “Carlos Castillo Pedraza”, en el que alegan existe una disputa legal por el inmueble, mismo que la alcaldesa capitalina ha manifestado que defenderá con todos los medios a su alcance con lo que ha dejado de cumplir con su obligación institucional de defender el patrimonio del Ayuntamiento de Tlaxcala, ya que argumentan que “es un hecho notorio los delitos en los que incurrió Adolfo Escobar Jardínez y cómplices, al realizar actos que el Código Penal Vigente en el Estado tipifica como delitos y no obstante a ello la presidenta y el síndico no han ejercitado las acciones penales conducentes”.
