De momento la única manera para detener su operación, es mediante un decreto del ejecutivo, si eso pasara, lo van acatar
En caso de ser necesarios, y si en el estado de Tlaxcala se les impide ofrecer el servicio de traslado de servicio particular, los representantes de la Plataforma “PRONTO” recurrirán a los tribunales ya que no existe ninguna ley que los imposibilite ofertar una nueva modalidad de transporte.
Nidia Cano, una de las apoderadas de esta empresa, aseguró que en ningún momento han violentado la ley ni son delincuentes, como los han calificado las organizaciones del transporte colectivo tradicional, pero –dijo- que mientras el Gobierno del Estado no emita un decreto al respecto, no se les puede tachar de haber incurrido en una falta legal.
Tras la polémica e inconformidad que ha generado esta Plataforma, van a solicitar un permiso administrativo provisional, en lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SECTE) envía una reforma a la ley al Congreso del Estado, en la que se incluya estas nuevas tecnologías y servicios.
Aseguró que esta nueva oferta, la integran jóvenes emprendedores tlaxcalteca con una preocupación por innovar y mejorar los servicios, “Una disculpa, si ofendemos hoy las ganancias que tiene el gremio de los taxis, nosotros vamos más allá que eso, hacemos un llamado a todos los tlaxcaltecas, nosotros jóvenes tlaxcaltecas PRONTO, vamos más allá, que por una molestia, por el abuso, que han cometido durante años etas personas (taxistas)”.
Afirmó que si la ley se los marca, están en la mejor disposición de cumplir con los pagos que implica explotar una concesión, como lo hacen otras empresas de transporte; y aseveró, que “PRONTO”, cuenta con un sistema de seguros de responsabilidad civil y de daños a terceros, y que no buscan estar fuera de la ley, por lo que esperan entonces que la misma se actualice para cumplir con ello.
Subrayó que de momento la única manera para detener su operación, es mediante un decreto del ejecutivo, si eso pasara, dijo, que lo van acatar y estarán fuera de operaciones, pero recurrirán otras instancias judiciales, pues se les estaría aplicando una normatividad que no existe y se violentaría los derechos humanos de una persona que busca un sustento adicional para llevar a su casa.
