Tlaxcala, en el sector empresarial y quizá en otros rubros más, es vista como entidad corrupta y a pesar de ello, nuestros flamantes legisladores no hacen nada o hacen muy poco para dar vida al sistema estatal anticorrupción.
A pesar de la concreción de la reforma constitucional para crear este sistema, en los hechos sigue sin operar y no sé ve para cuándo exista un fiscal estatal en la materia para perseguir actos ilegales amparados en el tráfico de influencias o actos de corrupción.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Tlaxcala, 2 mil de cada 10 mil empresas han sido partícipes de al menos un acto de corrupción al realizar un trámite o ser sujetas de alguna inspección, lo que ubicó al estado en el segundo lugar del país con mayor prevalencia de eventos de este tipo en la interacción con el gobierno en 2016, solo por debajo de Quintana Roo.
Es decir que dos de cada 10 empresas tuvieron que entrarle con su moche, embute, cochupo para poder sortear algunas de las diversas disposiciones u obligaciones que deben cumplir para funcionar-
A nivel nacional, la tasa de prevalencia de corrupción en el sector privado fue de mil 93 establecimientos partícipes por cada 10 mil unidades económicas.
Los niveles y esquema de corrupción a la que le “entran” las firmas son diversos. De ese estudio se advierte también que 64.6 por ciento de los establecimientos consideró que se ven orillados a participar en actos de corrupción con el fin de agilizar algún trámite; 39.4 por ciento señaló que otro motivo importante para propiciar un acto de corrupción es para evitar multas o sanciones.
Pero tres de cada 10 empresas, según este estudio, admiten que el obtener licencias o permisos son también motivo de corrupción y 15 por ciento de las empresas considera que la corrupción se presenta para ganar contratos gubernamentales o para participar en licitaciones.
En tanto, la tasa de prevalencia de corrupción en Tlaxcala fue de 15 mil por cada 100 mil habitantes que realizaron trámites, pagos, solicitudes o tuvieron contacto con algún servidor público, mientras que la frecuencia de actos de corrupción fue de 30 mil por cada 100 mil habitantes mayores de edad.
La mitad de las personas de 18 años y más considera que la corrupción es el segundo mayor problema, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
Mientras que el 88.8 por ciento de la población considera que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales.
Además, Tlaxcala aparece entre los estados con menor porcentaje de servidores públicos de la administración pública estatal capacitados en materia de corrupción, con apenas el 1.2 por ciento en 2015.
Pese a ello y estas condiciones, está claro en los hechos los encargados de mejorar las condiciones legales para prevenir y en su caso sancionar los actos de corrupción no quieren o no han hecho nada para acabar con esta percepción ciudadana, esa que pone a Tlaxcala como una entidad corrupta.
