Con esa iniciativa los diputados podrían solicitar la comparecencia de servidores públicos de manera directa, incluso al gobernador del estado.
La diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano, propuso iniciativas para adecuar diversos preceptos de la Constitución Política Local y de la Ley Orgánica y Reglamento Interior, del Poder Legislativo, para ampliar sus facultades con respecto a la solicitud de comparecencia de servidores públicos.
Dicha propuesta presentada en el Pleno del Congreso local, incluye solicitar a los funcionarios de manera directa que se presenten a comparecer, sin tener que hacer la solicitud al gobernador del estado.
Además, con la finalidad de que el Congreso tenga como facultad el llamar a comparecer a funcionarios del gobierno estatal y del Poder Judicial, e incluso al Gobernador del Estado, para eso propuso adecuar diversos preceptos de la Constitución Política Local y de la Ley Orgánica y Reglamento Interior, del Poder Legislativo.
La diputada perredista, explicó que en el caso de los funcionarios del gabinete y directores o titulares de las áreas desconcentradas y descentralizadas del Poder Ejecutivo, sean solicitadas de manera directa por los legisladores, sin necesidad de requerir la aprobación del gobernador del Estado, cuando “se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para informar sobres asuntos de su competencia durante el análisis del informe, o para que respondan a interpelaciones o preguntas”.
La finalidad de estas nuevas facultades que pretenden otorgar al Poder Legislativo, tienen como finalidad mejorar la rendición de cuentas entre ambos poderes y un equilibrio de los mismos.
Además de que ello no representa una invasión o intromisión en la espera de competencia del Ejecutivo local, ya que así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dentro de la acción de inconstitucionalidad 1/2013.
Agregó que al ampliar las facultades del Congreso del Estado, se convertiría en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo local, otorgándole atribuciones para hacer comparecer a funcionarios de la administración estatal y municipal, de los organismos autónomos, del Poder Judicial Local; así como para solicitar información y documentación a cualquier ente público, y finalmente para investigar hechos o actos de corrupción en la administración pública centralizada y paraestatal, en los municipios y en los órganos autónomos.
