La lucha de los derechos de las mujeres y las niñas ha recorrido un camino lleno de obstáculos, como han sido las actitudes de misoginia y de discriminación hacia quienes lucharon y luchan porque el derecho a votar y a ser electas y ejercer esta garantía en libertad, sin presión y mucho menos sin violencia.
A 65 años de que se consiguió legalmente que las mujeres podemos votar, la violencia ahora se presenta enmascarada y toma diversas formas.
Los grupos de mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos, han insistido, han reclamado, han exigido y trabajado para que las mujeres podamos ocupar espacios de toma de decisiones en diversos ámbitos. Sin embargo el costo de las exigencias es la violencia.
El derecho de las mujeres a votar en México se remonta a principios del siglo XX y se obtuvo hasta 1953, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortinez; al año siguiente entró en vigor la reforma y en 1955 las mexicanas votamos por primera vez en una elección federal.
Es lamentable que después de las reformas del 2014, donde por ley se estableció el cumplimiento a la paridad de parte de todos los partidos políticos -y de esta manera garantizar la participación femenina en cargos de elección popular-, ahora las mujeres nos enfrentamos a la violencia política en razón de género, misma que ha provocado la renuncia de mujeres a sus puestos ganados a través del voto, o bien a la agresión física, emocional, verbal e incluso hasta la muerte, de la que han sido objeto decenas de mujeres que en el ejercicio de su derecho a ser electas, han sido totalmente vulneradas.
A 65 años de ese logro, los retos no son menores, aquí los más urgentes y en orden de importancia:
- El combate a la violencia política por razón de género, en este sentido cabe resaltar que en Tlaxcala no se tiene tipificado ese delito, al igual que en otras 22 entidades federativas del país.
- La falta de compromiso de los partidos políticos para cumplir con la ley, pues aun cuando dicen comprometerse con la paridad, no trabajan en la formación de cuadros de mujeres que buscan cargos de elección popular y las dejan solas en los procesos de campaña y en la defensa de sus votos cuando les son arrebatados; además de que no ejercen cabalmente el 3 por ciento de financiamiento que reciben para el empoderamiento de las mujeres que militan en dichos institutos políticos.
- Si bien el actual Congreso de la Unión -que recién se integró-, será el primer congreso paritario, en la historia de nuestro país, apenas ha habido 7 gobernadoras, aún no tenemos una presidenta de la República y en los municipios la presencia de mujeres como alcaldesas es limitada.
- No hay un pleno reconocimiento a las diferencias, pues ser mujer indígena, mujer joven, mujer afromexicana o con preferencia sexual por el mismo sexo, son características que aún impiden que las mujeres sean electas para un cargo de elección popular y finalmente;
- Aun no hay conciliación entre la vida pública y la vida privada de las mujeres, pues nosotras nos seguimos haciendo cargo del cuidado de las y los hijos, de personas adultas o en condición de discapacidad y enfermedad, lo que impide que las mujeres se decidan a participar en la búsqueda de cargos públicos, pues el costo social y familiar que pagan es aún muy alto.
Fechas conmemorativas como la del pasado 17 de octubre –Aniversario del Sufragio Femenino en México-, nos permite informar y sensibilizar a la ciudadanía, sobre la lucha que hemos enfrentado las mujeres para salir del ámbito privado, es decir del espacio domestico, y desempeñarnos en el espacio público, pero aún no celebramos plenamente, lo que hacemos es conmemorar y reconocer el trabajo a aquellas mujeres que nos abrieron camino y ahora nos toca defenderlo y trabajar arduamente para vivir libres de violencia.
Finalmente, coincido con el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), de no apoyar la propuesta –que se difunde a través de la plataforma Change.org-, de que se institucionalice el 3 de noviembre como el “Día de las Muertas” que impulsa una asociación civil.
Las mujeres asesinadas no pueden ser una tradición –como son estas fechas-, e institucionalizar esa propuesta, permite que se oculte la prevalencia y agudización del feminicidio en todos los estados del país.
No normalicemos la violencia hacia las mujeres, exijamos que se detenga, que se castigue y se sancione con penas altas a quien comete un feminicidio.
Mujeres y hombres tenemos la responsabilidad de educar diferente a nuestras hijas e hijos; de explicarles que la violencia no es normal.
Establecer el “Día de las Muertas”, es aceptar que el delito se siga cometiendo y solo cada año vamos a voltear a ver cómo se comportan las estadísticas de este fenómeno. Todas las personas vamos a morir, eso sí es normal, pero lo que es inaceptable es la saña, el odio y los motivos injustificables por los que han muerto miles de mujeres en nuestro país y los principales victimarios son los hombres.
*Red Nacional de Periodistas y Consultora independiente en periodismo, género y comunicación.
