Este 10 de diciembre se conmemoraron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cabe señalar que en 1789 se le denominaba “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano”, sin embargo el movimiento de mujeres feministas en diversos países, al paso de la historia logró que se le denominara Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los que se reconoce a mujeres y hombres como seres humanos, es decir se visibilizó a la población femenina.
Hacer una evaluación del conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos humanos, es muy amplio e incluso se habla de una crisis que se enfrenta al respecto a nivel mundial.
En estos días, dos hechos llaman la atención, relacionados a quienes ocupan la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humano (CEDH) en Tlaxcala.
El primer hecho es en el ámbito federal, pues ante la aprobación de la nueva Ley de Remuneraciones que se aprobó recientemente y que establece que NADIE en este país, puede ganar más que el Presidente de México, que son 108 mil pesos mensuales, se han venido una serie de acciones de defensa, principalmente del Poder Judicial, en donde sienten que se afectaron sus intereses.
De acuerdo a diversas fuentes periodísticas, sabemos que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perciben ingresos de 269 mil 215 pesos mensuales, aguinaldo y prima vacacional por 444 mil 380 pesos y tienen un “pago por riesgo” de 554 mil 595 pesos, lo que da un total anual de 4 millones 229 mil 555 pesos; en tanto los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el total anual que reciben es de 4 millones 165 mil 588 pesos.
Y ya no hablamos de funcionarios que en el Poder Judicial se desempeñan como Secretario, Consejero, Coordinador Académico, Juez de Distrito y Secretario Particular del Magistrado Presidente, cuyos salarios son superiores a los 2 millones de pesos anuales.
Cabe señalar que el “pago por riesgo es la cantidad que se otorga a los mandos del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza, complejidad, y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas”.
¡Increíble no, los salarios son excesivos!
Y si hablamos de riesgos, complejidades y responsabilidades, hay otras carreras profesionales u oficios, que implican esa mismas características.
¿Sabe usted cuánto gana un trabajador del campo, un obrero o una empleada domestica?
Sus percepciones son apenas de 5 mil 967 pesos mensuales, según datos de la propia Secretaria de Trabajo y el aguinaldo que reciben éstos, en nada se compara a los funcionarios del Poder Judicial.
Lo sorprendente es que el contexto de las protestas y miles de amparos a la nueva Ley de Remuneraciones, el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó también una acción de inconstitucionalidad, ante la SCJN por considerar que se podrían violar algunos derechos humanos reconocidos en la Constitución.
¿A quién defiende entonces la CNDH?
A las personas en condiciones de vulnerabilidad o la “clase dorada”, -como los define el académico y politólogo, Sergio Aguayo-, porque en este caso estamos hablando de que los supuestos “afectados”, son personas de una clase social, que no está en condiciones de vulnerabilidad y que se han servido del poder, porque además diversas publicaciones periodísticas revelan como en el Poder Judicial, existen nominas especiales para familiares cercanos a magistrados y jueces, que sin TRABAJAR, perciben altos salarios.
Como diría el historiador mexicano Lorenzo Meyer, “las y los Magistrados de la Corte, llegan a ese cargo, no por sus amplios conocimientos de juristas, si no por las conexiones de poder que tienen”, y efectivamente, tiene toda la razón, porque además es un efecto que sucede en todo el país, aunque tal vez haya honrosas excepciones.
¿Entonces a quien defiende la CNDH, vuelvo a preguntar?
El segundo hecho, es del ámbito local, pues nos enteramos que el presidente de la CEDH, Víctor Cid del Prado, al ser cuestionado sobre la demanda que interpuso la madre de su hijo, para que se le otorgue lo correspondiente a alimentos para el pequeño, el funcionario –indignado-, respondió que no hablaría de su vida privada, “de lo que quieras preguntarme en cuestiones de mi trabajo con mucho gusto, mi vida particular es otro tema”, respondió a los representantes de los medios de comunicación.
Evidentemente el funcionario se molestó con dichas preguntas, solo que se le olvida que en la función publica, la vida privada deja de serlo, y debería ser congruente entre lo que piensa, dice y hace, y su actitud evidencia lo que todo Tlaxcala sabe, que está en un cargo “sólo por tener chamba”, más no porque sepa del tema o se interese en conocerlo y además prepararse, pues también su cargo, es resultado de las conexiones que tiene con gente que está en el poder.
Ante ambos contextos, vuelvo a preguntar:
¿En manos de quien están las Comisiones de Derechos Humanos, tanto la nacional, como la estatal?
¿Qué conmemoraron este 10 de diciembre?
Es evidente que en nuestro México, en pleno siglo XXI, hay ciudadanos de primera y de segunda, y desafortunadamente las y los funcionarios que nos defienden a través de organismos como la Comisiones de Derechos Humanos, que se suponen gozan de autonomía, lo único que hacen es defender sus privilegios individuales, y de quienes los ponen en dichos cargos, luchan por permanecer en el poder en beneficio de ellos mismos, porque el resto de la población no les importa.
