Después de tres años y dos meses de haberles retirado el derecho de votar en las sesiones de cabildo, los presidentes de comunidad recuperaron hoy esa facultad una vez que los diputados de la 63 Legislatura aprobaron los cambios a la Ley Municipal del Estado y abrogaron decretos para conseguirlo.
Fue así como con 19 votos a favor, cuatro en contra, de un total de 25 posibles y en medio de posiciones a favor y en contra, como quedó avalado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la dicha ley y se abrogó el Decreto aprobado el 16 de agosto del 2018.
El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso del Estado, Víctor Manuel Báez López dio lectura al dictamen en el cual se propuso la modificación al artículo primero transitorio del acuerdo aprobado el pasado 14 de agosto, para que la restitución del voto sea a partir del 1 de enero del 2019 y no hasta el 1 de enero del 2021, como se había planteado en las reformas que avaló la pasada legislatura.
También agregó que los presidentes de comunidad tendrán la obligación de presentar su cuenta pública, durante los primeros días de cada mes junto con la documentación comprobatoria; además se les reconocerá como munícipes; no podrán avalar incrementos a sus percepciones que sean superiores al aumento inflacionario anual, entre otros aspectos.
Esas y otras disposiciones dieron pie al inicio del debate, en el cual los diputados de los Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), y Movimiento Ciudadano (MC), se mostraron en contra al asegurar que la bancada mayoritaria había violentado el proceso legislativo al realizar cambios de última hora sin someterlos a votación de los integrantes de la Junta.
Además, a decir del coordinador del PAN, Omar Milton López Avendaño consideró que esa propuesta sería sometida a votación y aprobada únicamente para “generar rentabilidad política, a alguno o algunos de los legisladores sin dimensionar que las aprobaciones que no cuenten con el sustento social o la auscultación de los actores sociales y políticos a quienes va destinado el trabajo legislativo puede generar el rechazo, o en el peor de los casos inestabilidad e ingobernabilidad al interior de los cabildos”.
En ese mismo tenor, la diputada del PRI, Zonia Montiel Candaneda denunció en el proyecto de decretó que se presentó existía una violación al procedimiento legislativo que consistía en un dictamen diferente al aprobado en la Junta de Coordinación y Concertación Política.
Los que defendieron el dictamen y votaron a favor fueron los diputados de la coalición “Juntos Haremos Historia” conformado por los Partidos Encuentro Social (PES), Morena, y del Trabajo, a los que se unieron los del Partido de la Revolución Democrática (PR) quienes tenían como propuesta en la agenda legislativa del primer periodo ordinario de sesiones la restitución del voto a los ediles de comunidad.
