Las autoridades estatales, no emitieron la Alerta Amber, y donde la procuradora en ese entonces Alicia Fragoso, no actuó de manera eficiente, esto de acuerdo al estudio del caso que hizo la CNDH
El Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiahuatl Sánchez, aseguró que las acciones para atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida a finales de 2018, y a casi tres años de la desaparición de Karla Romero Tezmol, en San Pablo del Monte, no comenzará de cero, ya que el análisis hecho entre diversas dependencias, que están involucradas en este caso, verificaron que han avanzado, a un sin tener esta recomendación.
Destacó que desde que inició la actual administración se abocaron a los trabajos respecto al tema, y se creó la Unidad de Personas Desaparecidas en la dependencia, ahora a su cargo, donde se incorporaron policías concentrados específicamente a Karla Romero, y otras carpetas abiertas por este delito.
Asimismo, destacó la implementación de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en el caso de Extravío de Mujeres y Niñas (protocolo Alba), el cual surgió como propuesta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con el fin de coordinar esfuerzos los tres órdenes de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y familias de las mujeres y niñas no localizadas o desaparecidas, publicado en agosto de 2018 en el Periódico Oficial.
“Entonces diferentes dependencias han sido convocadas desde año pasado a efecto de fortalecer la Alerta Amber, cómo van a intervenir los municipios, otras dependencias que tengan que ver con una persona desaparecida. También tenemos un diagnóstico- estudio que el 98 por ciento de las personas no están desaparecidas. No sólo varios tiempos. Mucho de las cosas que nos piden, solo hay que perfeccionarlas. No empezamos de cero”.
Enfatizó que independientemente del caso de Karla Romero, y de la recomendación, se van a enfocar a la parte de la prevención, ya que el trabajo de la Unidad de Personas Desaparecidas, tan sólo en 2018, localizó a 500 personas (desde menores de edad hasta adultos), quienes fueron presentadas ante la PGJE.
“Lo podemos ver grave en un tema social-familiar, no delincuencial, como falta de comunicación, divorcios. Hay muchas denuncias, que nos llevan a que no están en peligro. Yo creo por eso es la parte de prevención, como hace la Casa de Justicia para las Mujeres, el DIF, todas la dependencias, pero esto es algo más a nivel familiar”.
Reconoció que la administración pasada inició tarde la investigación de la desaparición de Karla Romero, y que de ahí parte la recomendación, por la violación de los derechos humanos de la menor de edad.
Y a pesar de que esto sucedió en la administración de Mariano González Zarur, aseveró que la actual administración de Marco Antonio Mena Rodríguez dará respuesta y seguimiento, a los 11 puntos, como el cumplimiento de los tiempos que requieren cada una de las recomendaciones, a fin de que se sigua la indagatoria para la localización de Karla Romero.
Señaló que acotan todos los datos, tanto de que dejó la administración pasada, los de la familia, incluso, el trabajo de la policía de Investigación se hace de manera local, nacional e incluso internacional.
08’30” “Las Investigaciones siguen, es un asunto que no está cerrado, de hecho hay un grupo de policías en este caso. Estamos agotando todos los puntos de investigación, la mantendremos abierta jurídicamente, y pediremos las colaboraciones necesarias”, puntualizó.
Reiteró que han estado avanzando en este caso, pero, también, destacó que se trata de activar nuevos protocolos y capacitaciones especializadas para reforzar esta labor que hacen en la procuraduría.
Recordar que la mañana del 13 de enero 2016, cuando se dirigía a la escuela, Karla Romero Tezmol, en San Pablo del Monte, desapareció, con tan sólo 11 años de edad, y donde las autoridades estatales, no emitieron la Alerta Amber, y donde la procuradora en ese entonces Alicia Fragoso, no actuó de manera eficiente, esto de acuerdo al estudio del caso que hizo la CNDH, y que derivó en la recomendación al Gobierno del Estado, específicamente a la PGJE.
