En consecuencia la diputada del PRD pidió la comparecencia de los Secretarios de Finanzas y Educación Pública del Estado para que expliquen la situación.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) irregularidades en la adquisición de 253 mil 30 chamarras por la cantidad de 52 millones 358 mil 139.28 pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) 2017, y en la distribución de las prendas a los alumnos de las escuelas de educación básica en la entidad, así lo dio a conocer la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano durante asuntos generales de la sesión ordinaria.
Ante esas inconsistencias que generan un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, la legisladora local solicitó la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y de Educación Pública del Estado (SEPE), Alejandra Nande Islas y Manuel Camacho Higareda, respectivamente, a efecto de que expliquen ante los integrantes de la LXIII Legislatura local la adquisición de las chamarras que realizó el Gobierno del Estado.
Y es que comentó que en el informe de la ASF se dio cuenta que el Gobierno del Estado no presentó la documentación justificativa que acredite la recepción de las chamarras por parte de los municipios beneficiaros y en los tiempos establecidos en el contrato, ni tampoco con la autorización presupuestal para ser pagada con los recursos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Financiero del año 2017.
Por lo anterior, en la tercera entrega de informes individuales y general del Ejecutivo de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2017, la Auditoria Superior de la Federación ordenó dar vista a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron el contrato para la adquisición de chamarras por invitación restringida, cuando debió ser por licitación pública, sin que el Gobierno del Estado contara con el soporte documental suficiente y conforme a la normativa.
Además, la diputada subrayó que “lo más grave” de la compra de las chamarras estriba en el hecho de que el Gobierno del Estado “no cuenta con la documentación justificativa que acredite la recepción de las chamarras por parte de los municipios beneficiados, debido a que durante los trabajos de auditoria personal del Gobierno Estatal sólo presentaron recibos simples de 10 municipios que recibieron 12 mil 188 chamarras de un total de 253 mil 30 piezas, por lo que la Auditoria Superior de la Federación no pudo constatar que las chamarras se hubieren entregado directamente a la población beneficiaria y en los tiempos establecidos en el contrato”.
Por lo anterior, la solicitud de la diputada local del PRD respecto a la comparecencia de los secretarios del Gobierno del Estado fue turnada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Mayra Vázquez Velázquez a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) para su integración en próximas secesiones ordinarias.
