Estos ocho recursos fueron atraídos por la comisionada Marlene Alonso Meneses, por lo que la persona que solicitó la información a la IAIP
El comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), David Cabrera Canales, aseguró se violaron los derechos humanos a una persona que presentó ocho recursos de revisión, sin que estos se les diera trámite durante de más de seis meses, esto con relación a la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTLX), esto por su presunta participación de la “Estafa Maestra”, donde están involucradas diversas instituciones del nivel superior del país y la Sedatu.
Destacó que estos ocho recursos fueron atraídos por la comisionada Marlene Alonso Meneses, por lo que la persona que solicitó la información a la IAIP, y al ver violentado su derecho a la información, interpuso un juicio político en contra de Alonso Meneses.
“Ahorita se encuentra al igual que los juicios político en contra de ella, están en proceso de erradicación. No puedo dar el nombre por protección de datos personales”.
Refirió que la persona recurrente, pidió información sobre convenios que realizó una empresa de la que es representante con la UPTLX, los cuales no se les proporcionaron, por varias razones que puso el sujeto obligado, y la comisionada Marlene Alonso no llevó a cabo el procedimiento para la sustanciación de esos recursos de revisión.
“Lo cual es una afectación a los derechos humanos de esta persona de tener acceso a la información pública, por eso presentó el juicio político. Tenemos que ver administrativamente que sanciones hay, negó el acceso a la información”.
Indicó que han solicitado a Alonso Meneses que presente los recursos de revisión de este caso, y otros de este año; pero esperan abordar en sesión general del IAIP, a fin de que se pueda dar respuesta sobre este señalamiento de obstaculación de los recursos.
Destacó que con respecto a la información que se negó de la UPTLX se debe de garantizar una investigación del órgano garante y del congreso local, y ver cómo está involucrada la institución y la afectación a la persona; y ya está actuando la comisión instructora de juicio político, declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de munícipes del congreso local.
