(I de II)
Elizabeth Muñoz Vásquez*
En este 2019, México cumplirá 12 años de haber firmado y ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD) y su Protocolo Facultativo, los cuales el gobierno mexicano firmó el 30 de marzo de 2007 y ratificó su adhesión el 17 de diciembre de ese mismo año.
Para llegar a la firma y ratificación de la Convención, el camino que han transitado las Personas Con Discapacidad (PCD) para difundir, ejercer y defender sus derechos humanos ha sido muy difícil, lo que los ha obligado a integrarse en diversos colectivos o asociaciones civiles, para incidir en la creación de políticas públicas efectivas.
“El primer esfuerzo nacional para la atención de personas con discapacidad se dio el 13 de enero de 1977 con la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)19, cuya finalidad fue brindar asistencia social, como obligación del Estado y en beneficio de la población marginada, a las personas con discapacidad o las personas en desventaja social. Posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, incluyó el compromiso de realizar acciones encaminadas a impulsar la protección social a los menores en edad escolar, a personas con discapacidad y a la familia en general. Esta acción dio origen en 1987 al Programa de Rehabilitación, el cual incluyó servicios de atención al sistema neuro-músculo-esquelético, comunicación humana, ceguera o debilidad visual, así como las que afecten la salud mental” 1
Lo anterior fue “el inicio de políticas públicas de tipo asistencial, dirigidas a la población con discapacidad, las cuales fueron respaldadas por la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1986. Esta Ley planteó que el Sistema Nacional de Salud en materia de asistencia social debería establecer y llevar a cabo programas interinstitucionales para asegurar la atención integral de los grupos sociales vulnerables20, asimismo, incorporó a las personas con discapacidad por ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones del sistema neuro-musculo-esquelético, deficiencias mentales, problemas del lenguaje y otras deficiencias, entre la población beneficiada por los servicios de asistencia social21”.2
Un avance considerable en la administración pública fue que en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000, se creara como política de Estado en 1995 el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE); en el año 2 mil se creó la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPIS), además la creación del Consejo Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS), como el organismo encargado de dar cumplimiento a las acciones derivadas de ese Programa Nacional.
Posteriormente en junio de 2005 se publicó la Ley General para las Personas con Discapacidad, que dispuso al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) y fue con la publicación de la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 30 de mayo de 2011, que el Secretariado Técnico del Conadis se transformó en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), convirtiéndolo en un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de esa Ley.
Fue el 30 de abril de 2014 cuando se publicó en el Diario Oficial de La Federación el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014–2018, el cual se integra con 6 objetivos, 37 estrategias y 313 líneas de acción relacionadas con Armonización legislativa, Salud, Educación, Trabajo, Accesibilidad, Turismo, Derechos Políticos, Impartición de Justicia, Deporte, Cultura, Asuntos Indígenas y Asuntos Internacionales, entre otros.
Dicho Programa Nacional establece 6 objetivos:
1.- Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública.
2.- Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como a la atención de salud especializada.
3.- Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad.
4.- Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el turismo.
5.- Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad y;
6.- Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las personas con discapacidad.
Es importante resaltar que las organizaciones de y para PCD han jugado un papel decisivo en la atención a este grupo de la población, pues a principios de la década de los 90´s se constituyó el Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad AC, el cual promovió la defensa de los derechos humanos de este sector social, y en la última década su participación ha sido más activa con la creación de un gran número de AC y colectivos que pugnan por el conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos humanos.
Sin embargo, justo al iniciarse este nuevo gobierno y cuando la expectativa social era muy alta para el sector de las PCD, dos hechos llaman la atención:
A.- No se ha nombrado al o la titular de Conadis y no se le toma en cuenta a éste como el organismo encargado de dictar las políticas públicas del sector y un ejemplo más es que no se le permitió acudir a la Doceava conferencia de Estados Partes firmantes de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, (#COSP12) realizada en Nueva York hace unos días.
B.- Se pretende desaparecer a este organismo y convertirlo en un sistema Nacional de Atención a la Discapacidad y al parecer esté bajo la responsabilidad de una Dirección de la Secretaria del Bienestar, -antes Sedesol-, pero no se tiene mayor información al respecto.
Ante ello el grupo #Art33, un colectivo formado por integrantes de diferentes organizaciones de y para PCD, hizo público un posicionamiento frente a la política del actual gobierno y recaudar firmas de adhesión de organizaciones y personas. El nombre hace referencia al artículo 33 de la CIDPD, que obliga la creación de una (o varias) instituciones para que se cumplan los derechos de las PCD, misma que será vigilada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Bajo la consigna #InclusiónNoSoloPensión, el texto busca que se reconozcan todos los derechos de las PCD de manera horizontal en todas las instancias de gobierno y no solo se enfoque el tema a una cuestión de ayudas económicas; llaman con carácter de urgente a hacer una mesa de diálogo en la secretaría de Gobernación para determinar cuál será la institución responsable de atender a dicho sector poblacional, a evaluar los avances obtenidos y a fortalecer las políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida.
Entre otras cosas en la
carta –que está en la plataforma Change.org3– se señala que “cuando
el gobierno de México firmó y confirmó la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, se comprometió a tener una institución que se encargara de proteger sus derechos,
por eso es necesario tener programas, acciones y una persona encargada de que
se lleven a cabo
y realice evaluaciones sobre la calidad de vida”.
Le recuerdan al presidente del país, “que su compromiso de transformar el país, sólo va a ser posible si su gobierno incluye a las personas con discapacidad en todas las actividades de la sociedad”.
Ojala se haga caso a esta petición pues son más de 8 millones de mexicanos que viven en condición de discapacidad -más sus familias-, y no pueden disfrutar de sus derechos básicos como el acceso a la educación, salud, vivienda, justicia, trabajo; así como el derecho a la accesibilidad en edificios públicos y privados.
¡La política de austeridad no debería significar desaparecer organismos, sin antes conocer y evaluar sus resultados, la austeridad no debe ser sinónimo de eliminar lo que con mucho trabajo se ha ganado!
¡Evidentemente si se quiere transformar, se tiene que ser incluyente y además revisar antes si hay políticas públicas para este sector de la población en todo México, que sean desarrolladas más allá de los Sistemas DIF estatales y al respecto Tlaxcala tiene mucho que aportar y de ello hablaremos en la próxima colaboración!
#InclusiónNoSoloPensión
1,2 https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/issuu/pronaddis_2009_2012.pdf
3https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU3SFcPVlnAOelQtVYNnVjaMGirz9o2Xr1bPgw3UWuwUiATQ/viewform
- Red Nacional de Periodistas
