Por mayoría de votos, los diputados locales avalaron la destitución de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y José Morones Servín, por incurrir en violaciones a las disposiciones legales que rigen al instituto y provocar un “trastorno en el funcionamiento normal” del órgano garante, respectivamente.
El pleno del Congreso del Estado se erigió en jurado de sentencia para abordar las conclusiones definitivas de las denuncias de juicio político en contra de los tres integrantes del Consejo General del órgano garante, del que se determinó llamar a los suplentes Didier Fabián López Sánchez, Fernando Hernández López y Mónica Cuamatzi Hernández, para que cubra el ejercicio del cargo y comiencen a fungir como comisionados del IAIP, por lo que deberá concluir el periodo pendiente de trascurrir previa protesta que rinda del cargo ante el Pleno del Poder Legislativo.
Ese tema fue desahogado con la presencia de apenas 17 de los 25 integrantes del pleno, y con la ausencia de los integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político, Irma Yordana Garay Loredo, Jesús Rolando Pérez Saavedra, y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.
No obstante, los dictámenes de conclusiones con proyecto de acuerdo fueron desahogados y sometidos a votación; de ellos se desprendió que en el caso de la comisionada, Marlene Alonso Meneses, cometió violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuesto de la administración pública estatal, de los Poderes Legislativo y Judicial, organismo públicos autónomos y a las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, federales o municipales.
Entre lo que se le acreditó a la comisionada fue el nepotismo al tener como Director de Desarrollo Administrativo del IAIP a Mario Cruz Cisneros, con quien guarda parentesco por afinidad en tercer grado con Marlene Alonso, lo cual se configuró con actas de nacimiento y de matrimonio del Registro Civil.
De la misma manera los diputados consideraron como acreditadas las acusaciones de emprender despidos injustificados y sin tomar en consideración a los integrantes del Consejo General del instituto, en el que fueron despedidos: Dania Sánchez Hernández, Directora de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados; Concepción Flores Sandoval, Directora de Informática; José Oscar Macías Montes, Jefe de la Unidad Jurídica; Mario Cisneros Cruz, Director de Desarrollo Administrativo; y Nancy Cuatzo Itzcua, Jefa de la Unidad de Comunicación Social.
Con lo que la imputada “con su actuar viola flagrantemente las disposiciones legales del Reglamento Interior que rige al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala”.
Respecto de lo manifestado por los denunciantes, David Cabrera y José Morones, sobre un ejercicio indebido de recursos públicos del órgano garante por parte de Marlene Alonso, no aportaron pruebas con que acreditar ese dicho, por lo cual lo procedente fue determinar que ese hecho no quedó acreditado.
Sobre el procedimiento contra los comisionados David Cabrera y José Morones, se determinó que ellos hicieron una interpretación aislada del artículo quinto transitorio del decreto 217, del año 2016, en el que se designó por única ocasión al presidente del órgano garante por un periodo de tres años.
“De ahí que, tal circunstancia provocó el trastorno del funcionamiento normal del Instituto, y por ende, del ejercicio de sus atribuciones, de manera tal que los Comisionados denunciados se dedicaron a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia vía Juicio de Protección Constitucional, y ante las autoridades ministeriales y judiciales competentes en materia penal, y la promoción de Juicios Políticos, lo cual, denota un trastorno en el funcionamiento normal del Instituto, y por ende, un conflicto entre los comisionados”.
Y continuó “de manera que, Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales, en lugar de atender las atribuciones y facultades establecidas en su favor por la Ley vigente, se han dedicado a desconocer un decreto que se encuentra vigente y firme, dado que no fue impugnado en tiempo y forma, e incluso, fue consentido por los aquí denunciados, de modo que al consentirlo se constriñeron a su observancia”.
En el desarrollo de la sesión extraordinaria pública estuvieron presentes los comisionados, incluso tuvieron su turno de alegatos junto con sus asesores legales, turno en el que acusaron a los diputados de cometer violación al debido proceso, al principio de legalidad, además que el dictamen no corresponde al construido por la Comisión Instructora de Juicio Político, y hubo acusaciones en razón de género, por lo que advirtieron que impugnarán el fallo del Congreso a pesar de que en el dictamen se advirtió que el acuerdo es inatacables. La
