Hemos escuchado de manera reiterada los diversos problemas de salud que enfrentan niñas, niños y adolescentes, en particular de embarazos en edades tempranas así como de infecciones de transmisión sexual debido al inicio de una vida sexual activa sin protección, que les trae serias complicaciones ya sea por no estar informadas e informados o bien, porque no tienen garantizado el acceso a los servicios de salud adecuados. Las consecuencias de esta problemática, limita su desarrollo y en no pocas ocasiones, el ejercicio de sus derechos como personas primero, y luego, como ciudadanas y ciudadanos.
En México hay 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes[1], nuestro país enfrenta un grave problema de embarazo adolescente, el gobierno mexicano ha reconocido que “México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.” Lo anterior derivado de que el 23 % de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años, de los cuales, el 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron método anticonceptivo en su primera relación sexual. Como consecuencia, al año ocurren 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años[2]. Tlaxcala no es la excepción y se encuentra entre los primeros lugares en embarazo adolescente. Ante este panorama se ha implementado una estrategia interinstitucional para prevenir el embarazo en adolescentes, que abordaré en otra ocasión.
Lo que poco se sabe, es que las y los prestadores de servicios de salud al atender a estos grupos de población, deben hacerlo, atendiendo a los criterios que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad, en la que se reconoce que la adolescencia puede abarcar desde los 10 años o más, etapa en la que se exponen a situaciones de vulnerabilidad y riesgo, como el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, el sida y la violencia.
En la Norma 047 se establece como eje de toda política pública: “Que en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez” (SSA, 2015). Y, que su atención debe ser integral, con perspectiva de género e intercultural en apego a su derecho a la salud, sin discriminación y orientada a la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida activa y saludable (SSA. 2015).
Esta norma que es de observancia obligatoria para el personal de salud y las instituciones de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud, tiene como propósito: “establecer los criterios que deben seguirse para brindar la atención integral a la salud, la prevención y el control de las enfermedades prevalentes en las personas del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad y la promoción de la salud, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales”.
El modelo de atención señala que debe realizarse cuando menos una consulta[3] en la que se identifiquen factores de riesgo, se brinde consejería y se realicen las referencias necesarias. La promoción del cuidado de la salud debe realizarse a través de la Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud, la cual debe explicarse a los padres y/o tutores, en ausencia de estos, no podrá negarse la atención a las y los adolescentes.
En
los servicios de atención integral a las y los adolescentes se prevé brindar información,
orientación y sensibilización para la prevención de las infecciones de
transmisión sexual (ITS)[4],
incluyendo el VIH y el sida[5];
Salud sexual y reproductiva[6];
Información, orientación y sensibilización para la prevención y atención de la
violencia[7].
No obstante, esta información es desconocida tanto por las y los niños como de
las y los adolescentes, lo que limita su derecho a recibir la información así
como a que les sean aplicados métodos anticonceptivos, que como lo señala la
Norma Mexicana de Servicios de Planificación Familiar, el criterio para que
accedan a éstos, es estar en edad reproductiva, que en el caso de las
adolescentes, se da al iniciar con su menstruación. Por ello, es necesario
promover y difundir esta información para que las personas de estos grupos de
edad puedan acceder a información e insumos que les permitan prevenir estos
problemas de salud que limitan su desarrollo.
[1] INEGI. Encuesta Intercensal 2015. En: UNICEF, 201, Situación de la infancia en México. Disponible en: https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf
[2] INMUJERES, 2019. Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
[3] Durante la consulta integral, la atención proporcionada a las personas del Grupo Etario, debe: considerar la presencia y búsqueda intencionada de factores de riesgo y/o signos y síntomas que identifiquen cáncer, estrés y padecimientos de la salud mental, patología bucal, visual, auditiva, enfermedades relacionadas con la nutrición, consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas, volátiles (inhalables) y otras drogas, embarazo, prácticas sexuales sin protección, acosos y violencia; dar consejería y, de ser necesario, referirlos a servicios especializados o a las unidades de segundo y tercer nivel de atención, según corresponda.
[4] Mediante el uso simultáneo de un método anticonceptivo, sexo seguro y protegido, incluyendo el uso correcto y consistente del condón.
[5] Las personas del Grupo Etario podrán solicitar directamente al personal de salud, consejería en materia de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no planeado y prevención de las ITS.
[6] (…) debe proporcionar orientación, consejería y, en el caso de instituciones públicas, cuando se cumpla con los requisitos que prevean las disposiciones que rigen para cada establecimiento, provisión de los métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo no planeado, así como para la prevención de las ITS, entre ellas, el VIH y el sida.
[7] En caso de detectar una situación de violencia en el Grupo Etario, durante la consulta médica se deberá realizar una entrevista focalizada a fin de identificar los tipos y ámbitos en que se manifiesta la violencia, para otorgar la atención médica requerida. Adicionalmente, en caso de identificar a víctimas de violencia sexual, se ofertará la prueba de detección para VIH, el tratamiento preventivo profiláctico de antirretrovirales, para evitar en la medida de lo posible la infección por VIH y la pastilla de anticoncepción de emergencia, la cual, debe ser ofertada en los primeros días posteriores a la relación sexual y hasta en un periodo máximo de 120 horas, para evitar embarazos no deseados. Para ello, se debe referir a los servicios de atención especializados con los que cada institución cuente, y tratándose de menores de edad el personal de salud debe incluir la participación de la madre, padre, tutor o quien lo represente legalmente de acuerdo con las disposiciones aplicables.
