A dos años de la masacre de Iguala aún no conocemos el destino de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Si bien más de una centena de personas han sido detenidas y 70 están bajo proceso, aún se encuentran prófugos actores clave del crimen y no se ha hecho justicia. No ha habido una reparación del daño a las 180 víctimas directas y a las 700 indirectas. Y no ha habido garantías de no repetición: masacres como las de Tierra Blanca, Topo Chico y Nochixtlán siguen lastimando profundamente a México; Guerrero sigue siendo un estado herido por los homicidios, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de más fosas comunes.
Verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición son, como ha recordado recientemente Jan Jarab, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una visita a Guerrero, cuatro pilares de los derechos humanos a partir de los cuales podemos evaluar lo que en estos últimos meses ha sucedido en torno al caso de Iguala. ¿Qué se ha logrado en este sentido?
Sin duda, el hecho más destacable ha sido el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mecanismo inédito de asistencia técnica al Estado que dio a conocer dos informes sobre el caso, uno en septiembre del año pasado y otro en abril de este año, mes en el que terminó su mandato.
En el “Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas”, el GIEI dio a conocer que en la desaparición de los estudiantes no sólo participaron policías de los municipios de Iguala y Cocula, sino también de Huitzuco —hecho que también ha sido destacado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— y que hubo una “perfecta coordinación” para tender un círculo de control y evitar la salida de los autobuses. En el informe, el GIEI también reitera que no existe una sola evidencia para asegurar que los estudiantes hubieran sido ejecutados y cremados en el basurero de Cocula. Hecho que cada vez es declarado por expertos como imposible.
Uno de los hechos más polémicos documentados en el segundo informe del GIEI es la obstrucción a la justicia por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR. Zerón manipuló evidencia, tergiversó información y obstruyó y escondió diligencias: excarceló a Agustín García, “El Chereje”, sin autorización del Ministerio Público y lo llevó al río San Juan sin la compañía de su abogado defensor. También ordenó a peritos inspeccionar la zona vecina del río sin una orden ministerial y no incorporó en esa diligencia al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), contra lo que había acordado con este grupo. Zerón también mintió al declarar que fue escoltado por personal de la ONU. Así, el ex director de la AIC violó los artículos 20 y 21 de la Constitución y obstruyó severamente la investigación del caso.
Luego del fin del mandato del GIEI, inicio la implementación del mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que elaboró dicho grupo. Este suceso marca una segunda etapa en la supervisión internacional del caso Iguala. Entre estas recomendaciones están la unificación de las distintas causas penales, evitar la fragmentación de la investigación y que ésta sea integral. Los expertos también recomendaron considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos: desapariciones forzadas; homicidios y tentativas de homicidio; encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; tortura; exceso en el uso de la fuerza; lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes.
Las recomendaciones del GIEI que deben ser seguidas en los próximos meses también incluyen llevar al cabo declaraciones testimoniales pendientes, en especial de autoridades policiacas y políticas de Guerrero, e integrantes del XXVII Batallón de Infantería, tema que generó tensiones entre el GIEI y el Estado mexicano. También debe darse seguimiento a la información de telefonía, al posible traslado de estupefacientes en los autobuses, llevar al cabo nuevas capturas, continuar la búsqueda de los normalistas y mantener espacios de diálogo y comunicación con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.
A pesar de que el GIEI dio grandes hallazgos y señalo a los actores clave de la desaparición, el presidente Enrique Peña Nieto sigue inmutado a tales recomendaciones y señalamientos, pues Tomás Zerón fue recolocado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. De acuerdo con los padres de los 43, esto ha sido una “burla”. No hay consenso sobre si esta acción fue un “ascenso” o “descenso” en la trayectoria de Zerón, pero lo que queda claro es el mensaje del gobierno federal: a los amigos no se les castiga, sólo se les protege, a pesar de sus acciones.
Después de 2 años, la conclusión sigue sin llegar y no se ve el final del caso en prontas fechas, seguimos esperando acciones realmente eficaces del Estado mexicano, que den castigo a los actores infligidos y subsanen el daño a las familias de los 43 normalistas, o ¿sera este caso uno más de los tantos sin respuesta que el gobierno mexicano deja al tiempo?, como el de la niña Paulette en el Estado de México o el tan lamentable caso de la guardería ABC en Hermosillo.
