Este día nos ocupa un par de temas que se vinculan con el ejercicio de derechos humanos, el primero de ellos se relaciona con el hecho de que el 9 de agosto pasado se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este año, dedicada a las “Lenguas indígenas”, coincidiendo con la proclamación de éste como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
Como sabemos, estas conmemoraciones se crean con el fin de contribuir a generar conciencia respecto al tema. México es un país pluricultural atendiendo a la diversidad de pueblos indígenas, definidos como “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (TEPJF, 2014).
Actualmente se tiene presencia del pueblo tarahumara, yaqui y huasteco en el norte, nahua en el centro y huichol, mazahua y purépecha en el occidente; mazateco, mixteco y zapoteco en el sur; tzotzil, zoque y maya en el sureste entre otros1 . Estos pueblos indígenas han sido sujetos de discriminación desde el inicio del proceso de colonización que vivimos hasta nuestros días; fueron obligados a modificar sus creencias, ritos y cosmovisión de la vida; en el mismo sentido, uno de los elementos por los que eran discriminados fue precisamente por hablar sus propias lenguas y actualmente, la mayoría sobrevive en condiciones de pobreza. Ahora, tratamos de revertir el impacto que generaron estas acciones, promoviendo la preservación de sus lenguas y sus formas de organización.
Lo cierto es que enfrentamos retos importantes para proteger y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por otra parte, la semana pasada se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la NOM 046-SSA2-2005, de observancia obligatoria para hospitales del sector público, privado y de organismos sociales, la cual indica los protocolos a seguir en la atención a mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, esta norma fue modificada para hacerla más accesible para las mujeres, prevé que los hospitales públicos deben interrumpir embarazos productos de una violación sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público. Basta con una petición por escrito de la solicitante, bajo protesta de decir verdad, de que dicho embarazo es producto de una violación. En el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud se realizará por conducto del padre y/o la madre, o a falta de estos, su tutor o tutora.
Además, el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, también se elimina el requisito de la autorización previa de la autoridad competente2 . Esto al resolver dos controversias constitucionales contra la NOM 190-SSA1- 1999, una por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, contra el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999 y otra promovida por el poder legislativo de Aguascalientes en el mismo sentido.
La Suprema Corte de Justicia, ha informado que 1 TEPJF, 2014. Guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena. México. 2 Aristegui Noticias, Redacción / Agosto 5, 2019 6:55 pm. Corte avala aborto por violación. serán returnados a un ministro para que presente un nuevo proyecto para analizar otros argumentos planteados en esta disposición. (SCJN, 2019). Esta decisión de la Suprema Corte se traducirá en un avance significativo en la procuración de justicia para las niñas y mujeres que son víctimas de violación y que derivado de este delito, pueden enfrentar un embarazo forzado. Y es que en las 32 entidades federativas la ley prevé esta causal para que una mujer pueda interrumpir de manera legal un embarazo, quienes en la mayoría de los casos, enfrentan una serie de obstáculos para acceder a este derecho.
Es importante recordar que en México cuatro de cada diez mujeres han sufrido violencia sexual de acuerdo a los datos reportados por el INEGI3 .
En el mismo sentido, sabemos que uno de los graves problemas de salud pública que enfrentamos en México son los embarazos en niñas y adolescentes, tan sólo en 2016 se registraron 11,808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años de edad. Una quinta parte de los nacimientos se da en mujeres adolescentes, lo que representa el doble de la proporción mundial. Podemos no estar de acuerdo con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en sentido estricto lo que hizo fue maximizar los derechos de niñas y mujeres a tener acceso a la libre determinación en cuanto al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y además y de manera importante, a acceder a la justicia ya que quienes viven estas limitaciones son quienes viven en pobreza y no cuentan recursos económicos para pagar servicios médicos seguros
