Impunidad, mentiras, corrupción y desvergüenza es lo que ha imperado en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, entre ellos un soñador de Huamantla, César Manuel González Hernández.
Anoche se cumplieron dos años que a México le arrancaron a 43 jóvenes; pero sobre todo, nos quitaron la esperanza de que había un nuevo país, con un nuevo partido que tras 12 años de ostracismo tras décadas de ejercer el poder en una llamada dictadura perfecta, había cambiado, pero pamplinas: lo que es malo nunca dejará de serlo.
A partir de entonces, la degradación del Estado mexicano ha sido la constante para sostener, lo que llamaron “La verdad Histórica”; la cual solo ha servido para taparse unos a otros.
Ni un solo funcionario público de alto nivel ha sido condenado por los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre pasea libremente por las calles, gozando de total impunidad, pese ha sido señalado por su participación directa en el encubrimiento y la protección de los otros responsables del crimen. Mientras, el gran encubridor, el cansado y cínico Jesús Murillo Karam, también administra tranquilamente los negocios privados de su familia sin haber sido tocado ni con el pétalo de una rosa de la justicia.
Y qué me dice usted de Tomás Zerón, señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por su probable siembra de pruebas en el río San Juan, ha sido promovido por Peña Nieto al cargo de secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
Pese a que incurrió en omisiones y abuso de autoridad, pudo modificar la escena del crimen, manipuló pruebas y sembró evidencias, con la finalidad de encubrir delitos que, como la tortura, la ejecución sumaria extrajudicial o arbitraria y la detención-desaparición forzada de personas podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Por eso, llama la atención que el refugio de Zerón sea la secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad que opera en Los Pinos y depende de la oficina del titular del Ejecutivo. Este hombre, de pasado negro y oscurantista, encabeza un órgano deliberativo con un fuerte componente policiaco-militar integrado, entre otros, por los secretarios de Defensa, Marina y Gobernación, la PGR, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Dios nos agarre confesados con tamaño sujeto en esa vital área
Pero en eso de la impunidad también está el comandante del 27 batallón de infantería en Iguala, José Rodríguez Pérez, quien se encontraba festejando con el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Abarca la noche de ese 26 de septiembre.
Y qué es del comandante de la Policía Federal en Iguala, Luis Antonio Dorantes, quien aquella noche estuvo en comunicación constante con el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, quien también ha evitado cualquier señalamiento judicial en su contra. Y el mismo Flores, quien tendría toda la información sobre las complicidades más altas en el caso, hoy dos años después todavía se encuentra prófugo de la justicia.
Solo José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, se encuentran recluidos en penales federales –pero en prisión preventiva, siguen su proceso- acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero no por la desaparición y asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa.
Ante este cruel panorama, el zar anticorrupción del PRI, es decir, el líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, tiene mucho que limpiar solo en este caso; limpiar pero no para esconder, limpiar para conocer la verdad, y no esa verdad histórica que sea ha diluido como lo ha hecho la imagen de este nuevo PRI. Anoche ya lo hizo al quitarse el lastre que le significó el todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al suspenderlo de sus derechos; pero faltan muchos más. No todos en el PRI son malos, aunque hay muchos peores.
