Elizabeth Muñoz Vásquez*
22 de octubre de 2019
Después de los hechos ocurridos la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, el país se dividió aún más y evidentemente seguimos desconcertados con los hechos acontecidos y la toma de decisiones que se asumieron, dicen que para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, pero lo que nos queda claro es que la impunidad ha crecido en todos los niveles del poder económico, no importa si son grandes funcionarios o políticos, o bien pertenecen al crimen organizado o son delincuentes de menor talla, de esos que atracan negocios, bancos, tiendas, casas-habitación, transporte público o son narcomenudistas, todos, simplemente todos gozan de impunidad, porque la corrupción ha invadido al sistema judicial y a las instituciones responsables de prevenir y procurar justicia.
De acuerdo a una encuesta que presentó este 21 de octubre el periódico Reforma, se señala que la población se encuentra dividida con respecto a la decisión del Gobierno Federal de liberar al hijo del Chapo Guzman, pues el 49 por ciento de las personas entrevistadas dijo estar en desacuerdo y el 45 por ciento manifestó su aprobación.
A la pregunta, ¿A quién ve más fuerte, al crimen organizado o al gobierno?, el 56 por ciento consideró que el crimen organizado es más fuerte y un 33 por ciento señaló que es el gobierno el más fuerte.
Así mismo, a la pregunta ¿La estrategia del gobierno federal contra el narcotráfico y el crimen organizado está teniendo éxito o es un fracaso?, nuevamente un 56 por ciento de la población entrevistada considera que dicha estrategia es un fracaso, y apenas el 34 por ciento la ve exitosa.
Y una pregunta más que se realizó fue ¿Quién sale más fortalecido o debilitado después de lo ocurrido en Culiacán, el gobierno o el crimen organizado?, el 61 por ciento consideró que el gobierno saló debilitado y un 68 por ciento opinó que el crimen organizado salió fortalecido.
Evidentemente los resultados de esta encuesta solo vienen a confirmar la percepción ciudadana que se tiene del gobierno, y no solo del actual, sino de otras administraciones gubernamentales, y esa misma percepción no solo es para el gobierno federal, sino para los gobiernos estatales y las autoridades municipales, y nadie se escapa de esa apreciación, en este momento ningún estado y ningún municipio puede vanagloriarse de que la seguridad ha sido su prioridad, de que este derecho está garantizado, porque los resultados son otros y las respuestas son las mismas: los delincuentes gozan de impunidad, las autoridades están totalmente rebasadas y la población, la ciudadanía de a pie estamos en la indefensión.
Lo que vimos hace unos días en medios nacionales y en redes sociales, se traduce y se reproduce en nuestras entidades, en nuestros contextos individuales, robos, asaltos, extorsiones, secuestros, feminicidios y homicidios son el pan nuestro de cada día y vemos una inerte actuación de las autoridades, que nos “invitan” y obligan a denunciar cualquier delito del que hayamos sido objeto y debemos llevar pruebas, pero quien atiende nuestras denuncias no responde eficientemente, tan solo para levantar una denuncia y se genere una acta, eso nos puede representar un día completo.
Si creemos que lo de Culiacán, solo sucede allá, no es así, en menor medida o a través de diferentes formas, Usted y yo conocemos a muchos Ovidios, y vemos como se les otorga el perdón, bajo la excusa de que se tiene que cumplir con los criterios del Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA), que se ha convertido únicamente en la puerta giratoria para los delincuentes, por un lado entran y por otro salen.
La reforma penal que se aprobó en 2008 y debía estar cumplida para el 18 de junio de 2016 en toda la República Mexicana y que además supuestamente “establece caminos novedosos y ágiles para la solución de conflictos causados tanto por delitos graves como no graves, al agregar medios alternativos de solución de controversias…y permite esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar el daño causado por los delitos cometidos”1, simplemente ha dejado mucho que desear, porque la realidad es otra.
Este 21 de octubre representantes de los 3 poderes de gobierno anunciaron pomposamente “una reforma profunda en materia de procuración e impartición de justicia con el objetivo de que los ciudadanos volvamos a confiar en las instituciones y acabar con la corrupción, el nepotismo y la impunidad”.
Asi mismo aseguran que se propondrán cambios constitucionales para que las autoridades federales conozcan de los delitos en que incurren funcionarios de corporaciones policiales, de las entidades y de los municipios.
Y ademán pretenden plantear una ley general sobre tipos penales especiales, para prevenir y sancionar los delitos de alto impacto, como secuestro, desaparición forzada y la trata de personas; una norma que homologue los procedimientos de procuración de justicia, la creación de un registro nacional de carpetas de investigación y las bases de atracción de los casos entre el Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas.
Será?
De verdad si lo harán?
Tal vez si lo hagan, pero pasarán nuevamente muchos años para que el acceso a la justicia sea un derecho plenamente ejercido por la ciudadanía de a pie, vamos a esperar, ya veremos resultados, porque honestamente se aprecia un deseo fácil, pero es una meta difícil.
1 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/09-Conoce-DH.pdf
- Red Nacional de Periodistas
