El pasado 10 de diciembre se conmemoró la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos realizada en 1948, a propósito de recordar la importancia de este instrumento jurídico es que vale la pena traer a cuenta el acto de violencia extrema que le arrebató la vida a Ernestina Ascencio o Ernestina Ascención Rosario, violatorio de sus derechos humanos no sólo por quienes lo perpetraron sino por la actuación de las autoridades, para lo cual recupero parte del artículo escrito por Carmen Aristegui el 4 de diciembre1 en un diario de circulación nacional:
Ernestina era una mujer indígena de 73 años de edad, originaria de la sierra de Zongolica, Veracruz, quien habría sido víctima de violación tumultuaria y asesinato a manos de miembros del Ejército mexicano entre el 25 y 26 de febrero de 2007.
El caso llamó la atención en el ámbito internacional debido a la
magnitud del daño causado a Ernestina, los diagnósticos establecidos por el
personal médico que la atendió señalaron:
“El dictamen médico de la Dra. Catalina Rodríguez Rosas, adscrita a la Agencia Especializada en Orizaba, referido a las 23:40 horas del 25 de febrero para el estudio hecho a Ernestina, aún con vida, señala en letras mayúsculas: “Paciente grave, con riesgo de muerte… perforación de recto”. En Conclusiones: “…esfínter anal con desgarros recientes en horas 11,1 con sangrado trans anal abundante, con probable perforación rectal”. En la parte superior de la hoja, en Asunto se lee: “certificado de lesiones.”
“Un segundo documento se refiere a la neurocirugía realizada al día siguiente y firmada por el Dr. Juan Pablo Mendizábal de Servicios Periciales de Veracruz.
También en mayúsculas se lee que las causas de la muerte fueron “traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales, anemia aguda”. El tipo de muerte se debió a “mecánica traumática… se apreció líquido seminal en abundancia… desgarro reciente”.
No obstante, el parte dado por el entonces presidente de la
República, señaló que la causa de la muerte había sido provocada por
una “gastritis crónica mal atendida”. Ernestina Ascencio fue encontrada
por su hija, tirada en el campo donde pastaba a sus ovejas, (..), un lugar
cercano a un campamento del Ejército. La hija preguntó qué le había
pasado y ella contestó en náhuatl: “se me echaron encima los soldados
mi hija. Me duele la cadera”.
Debido a las lesiones fue llevada a una unidad médica rural del
IMSS que estaba cerrada por lo que la llevaron a un hospital de Ciudad
Mendoza, de acuerdo al parte del personal el diagnóstico de Ernestina
fue “presencia correlativa de violación anal y vaginal, le fue introducido
un arma punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado, y el
intestino”, esta versión fue confirmada por la procuraduría del estado
de Veracruz. Más adelante la CNDH exhumó el cuerpo, llegando a la
conclusión de que su muerte se debía a “las alteraciones tisulares y
viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo
digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas agudas en una
persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna”
El actual gobierno mexicano ha modificado la posición respecto a este
grave caso de violación a los derechos humanos y ha señalado que el informe que se presentará a la CIDH establecerá que la Procuraduría del estado reabrirá el caso a fin de garantizar, la verdad, la justicia, la reparación integral para las víctimas y la garantía de no repetición.
Este tipo de hechos nos dan clara evidencia de cómo se intersectan la clase social, el género, la adscripción indígena, y la estructura del poder que hace más compleja la posibilidad de que las mujeres vean garantizados el
El actual gobierno mexicano ha modificado la posición respecto a este
grave caso de violación a los derechos humanos y ha señalado que el informe que se presentará a la CIDH establecerá que la Procuraduría del estado reabrirá el caso a fin de garantizar, la verdad, la justicia, la reparación integral para las víctimas y la garantía de no repetición.
Este tipo de hechos nos dan clara evidencia de cómo se intersectan la clase social, el género, la adscripción indígena, y la estructura del poder que hace más compleja la posibilidad de que las mujeres vean garantizados el cumplimiento de sus derechos humanos
