En esta ocasión comparto con ustedes una reflexión sobre el concepto de “gobierno abierto”, como una nueva forma de entender el quehacer político que surgió para responder a las demandas sociales cada vez más complejas en una sociedad globalizada.

El gobierno abierto presupone dos condiciones para su implementación, por un lado, una genuina cultura de transparencia y rendición de cuentas y por otro lado, la indispensable participación de la ciudadanía, ya bien a título personal o como sociedad civil organizada. Exige también una perspectiva horizontal en el que el quehacer político involucra que la ciudadanía tenga acceso a la información pública y que participe en la toma de decisiones de entes gubernamentales o autónomos.

Este nuevo enfoque y propuesta de cambio del paradigma gubernativo es
compatible con marcos teóricos y analíticos –como el de gobernanza- que ponen el acento en la conformación de escenarios de gobierno horizontales y con una presencial plural de actores (privados y sociales) en los procesos decisionales de la política pública.

En nuestro país, este concepto fue adoptado en 2011 a partir de la
suscripción de la Alianza para el Gobierno Abierto, “Una plataforma multilateral de países comprometidos con los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para fortalecer la capacidad de respuesta del sector público, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la promoción de la Eficiencia económica y la innovación”; (Salas, s.f., p. 2) 2 que promovió tanto organismos de la sociedad civil como el gobierno federal; y cuyo antecedente es la
emisión en 2009 del “Memorándum de Transparencia y Gobierno abierto por el presidente estadounidense Barak Obama que consistió en promover una mayor apertura gubernamental y a trabajar de manera conjunta con la sociedad para la creación de un sistema de transparencia, participación y colaboración para fomentar la confianza pública y el fortalecimiento de la democracia”. (Salas, S/F)

A partir de la reforma en 2014 a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se dotó de autonomía al ahora INAI y establece en su artículo 59 que los órganos garantes deben coadyuvar con los sujetos obligados y la sociedad civil en mecanismos de colaboración y promoción de acciones de apertura gubernamental. (Salas, s.f. p.9)

México fue uno de los fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto y ha tenido un papel fundamental en la adopción de esta perspectiva que ha observado avances significativos en nuestro país, que ya presidió esta alianza y de la cual derivó un plan de acción y una adenda en la que participaron organismos de la sociedad civil involucrados en el tema.

A raíz de esto, el INAI ha definido al gobierno abierto como un modelo de gestión que permite conectar los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para convertirlos en políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración y la co-creación entre autoridades y ciudadanos y que atiendan asuntos públicos prioritarios. (Salas, S/F, p.9)

Esperemos que este precepto vaya permeando al ámbito local y municipal, de manera que esta sea otra vía de legitimación del quehacer político en nuestro país.