Todas y todos tenemos derecho a saber que tenemos derechos. Como sabemos estamos en proceso electoral y ya en la etapa de los procesos internos para seleccionar a las personas que ostentarán una candidatura. En observancia al principio de paridad de género, los partidos políticos deberán postular a igual número de mujeres que de hombres, y en esta ocasión, las reglas irán más allá y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones deberá garantizar que tanto el congreso y los ayuntamientos se integren paritariamente.
Lo anterior está generando una gran resistencia y una de las consecuencias
negativas es que se violenta a las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular, no obstante, ahora contamos con dos reformas en la materia que han representado un gran avance en nuestro país; además, las instituciones electorales tanto administrativas como jurisdiccionales han contribuido a que exista una mayor protección del ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres.
Hay que recordar que en la reforma electoral federal publicada el 13 de abril de 2020, se incorporó el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, no sólo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral entre otras, lo que representó la definición de competencias de las instituciones involucradas, la descripción de las conductas que
son consideradas como violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones para prevenirla, atenderla y sancionarla.
En el caso del estado de Tlaxcala, el 17 de agosto de 2020 se publicó en el
periódico oficial el Decreto 209 que también definió competencias de los órganos electorales así como de la Procuraduría General de Justicia en la entidad, se definió la violencia política contra las mujeres en razón de género y se establecieron las acciones en materia de prevención, atención y sanción que quedaron plasmadas en las diversas leyes, entre ellas, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, la ley de partidos políticos, la ley de medios de impugnación así como en el Código penal.
Por lo anterior, ahora existe un marco legal federal y estatal además del
internacional que protege el derecho de las mujeres a participar en la política y hacerlo en un contexto libre de violencia. En concreto, en esta ocasión me refiero a dos de las vías que tienen para defenderse de la violencia política, una de ellas es mediante el Procedimiento Especial Sancionador, en el cual, la mujer por sí misma o una representación debe presentar una queja ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), que es la autoridad que investiga e integra el expediente y la instancia que resuelve es el Tribunal Electoral de Tlaxcala; también puede optar por
presentar un juicio para la protección de los derechos político electorales, mejor conocido como JDC, puede presentarlo ante el ITE, quien deberá remitirlo al TET o bien, puede presentarse directamente ante el tribunal electoral local. En dicha demanda deberá señalarse: el nombre de quien denuncia, con firma autógrafa o huella digital; el domicilio para oír y recibir notificaciones; la narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia; ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas y en su caso, las medidas cautelares y de protección que
se soliciten.
En ambos casos, existe un procedimiento que permite integrar el expediente que servirá para el análisis de las conductas denunciadas, se deberán aportar pruebas y escuchar a ambas partes, también podrían dictarse medidas cautelares para evitar la vulneración de derechos, dicho análisis deberá realizarse con perspectiva de género, atendiendo a la debida diligencia y observando medidas para evitar la revictimización y garantizar la no repetición. Siempre lo más importante es tener claridad de que participar en política es nuestro derecho y la responsabilidad de que esta participación se realice en un contexto libre de violencia corresponde a las autoridades. Más adelante abordaré otros mecanismos para la defensa de nuestros derechos, al interior de los partidos políticos, así como por la
vía penal. Siempre es necesario recordar que nadie puede estar por encima de la ley y debe respetar nuestros derechos.
