Representantes del albergue “La Sagrada Familia”, la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tlaxcala, y la asociación civil Un Mundo Una Nación (UMUN) exigieron a las autoridades migratorias, al Gobierno de Tlaxcala y al Federal respeto al derecho a la no devolución y garantizar la posibilidad de solicitar la condición de refugiado a las 118 personas en tránsito que fueron detenidas en el municipio de Apizaco.
Mediante un comunicado, las organizaciones sociales lamentaron la respuesta emitida por parte del Gobierno Mexicano a la crisis humanitaria que padecen los países de Centroamérica, en la que han privilegiado “la contención, disuasión, detención, criminalización y deportación inmediata”, a pesar de que esas acciones han sido cuestionadas y señaladas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese tenor, demandaron a las autoridades migratorias que “respeten el derecho a la no devolución ya que muchas de estas personas son sujetas de protección internacional por lo que se les debe garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado; y que atiendan sus necesidades humanitarias con un enfoque diferenciado que tome en cuenta el género y la edad de las personas detenidas”.
Lo anterior tomando en consideración que entre las 118 personas en tránsito detenidas ayer en el municipio de Apizaco en la “Antigua Estación” había adolescentes, en el que participaron personal de seguridad privada de Ferrosur, del Instituto Nacional de Migración (INM) y en apoyo de la policía municipal.
La asociaciones también solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que en el ámbito de su competencia, investiguen la participación de personal seguridad privada de la empresa Ferrosur en esta detención, ya que consideraron que es “preocupante que empresas de seguridad privada ejerzan acciones que no son de su competencia. Esto, además, porque en las últimas semanas el albergue ha documentado agresiones contra migrantes perpetrados por supuestos guardias de esta empresa de seguridad privada”.
De igual manera, pidieron a la CEDH y a la procuraduría para la protección de niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala que garanticen la no detención en la estación migratoria del INM de niños, niñas y adolescentes.
