Las y los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobaron por mayoría votos en lo general y en lo particular, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de desindexación del salario mínimo.
El dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos políticos, que preside el diputado Ever Alejandro Campech Avelar, se analizó la viabilidad y urgencia de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia en el Código Penal y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Cabe recalcar que esta iniciativa fue presentada por el Legislador Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, de la cual, expresó que el salario mínimo además de considerar el valor para garantizar la contraprestación de la actividad laboral, también se consideraba como base para ser utilizada en los montos de las sanciones interpuestas, en los códigos, leyes, reglamentos, etc.
Sin embargo, bajo la intención de propiciar la recuperación del valor adquisitivo del salario mínimo y beneficiar a las y los trabajadores a nivel federal, la Cámara de diputados aprobó el decreto para la desindexación del salario mínimo e implementar la Unidad de Medida de Actualización (UMA) como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes.
De esta manera, las y los legisladores, destacaron la urgencia de armonizar el marco legal del Estado, con la normativa a nivel federal y así reconocer, tanto los derechos de las y los trabajadores, a través permitir el crecimiento del salario mínimo, para que pueda satisfacer las necesidades básicas de la familia e incrementar la estabilidad económica.
Es así que se aprobó la modificación de distintos artículos del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, incorporando la UMA como valor para la aplicación de sanciones y responsabilidades, garantizando la armonía legal a nivel federal y local, así como garantizar el desarrollo económico de las familias.