El gobernador del estado volvió a violar las disposiciones constitucionales y legales al integrar el presupuesto de egresos de 2017. Sin mayor recato, el mandatario Mariano González Zarur asumió funciones que no le corresponden, al erigirse como legislador y modificar las asignaciones presupuestales que demandaron los poderes y organismos autónomos.
El pasado 15 de noviembre, el gobernador presentó a los diputados la iniciativa de presupuesto de egresos del próximo año, en el que sin mayor recato y violando la Constitución local y el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, planteó reducciones al gasto programado por organismos autónomos y poderes.
Ejemplo de ello es que propuso la reducción de las asignaciones para el Poder Legislativo en 21 millones de pesos, en 58 millones al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en 45 millones a la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), en 4.5 millones de pesos al Tribunal Electoral de Tlaxcala, mientras que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) quiere recortar 300 mil pesos, en todos los casos, con respecto a las peticiones que hicieron en su momento al Ejecutivo local.
La medida contraviene al artículo 276 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios., en el que se establece que el Ejecutivo solo debe recabar las propuestas o proyectos de gastos de poderes y organismos autónomos y serán los diputados quienes la analicen y en su caso, modifiquen las mismas.
El mandatario parece que ha olvidado el principio de división de poderes y la máxima legal de que las autoridades solo pueden hacer lo que les ordena la norma.
Y es que no existe en el texto constitucional local ni en el Código Financiero facultad alguna expresa a favor del gobernador para modificar el anteproyecto de presupuesto antes de enviarse al Congreso para su aprobación, lo que es una muestra de que invadió con ello la esfera competencial
Ya existe un precedente de ello, y el gobernador en turno, el próximo diputado local, Héctor Ortiz Ortiz, lo sabe.
En el año 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya sancionó una actitud similar ocurrida en Tlaxcala. Los ministros determinaron que el Ejecutivo del estado violó el proceso de integración de la iniciativa de presupuesto de egresos
El argumento de los ministros es que el Ejecutivo del estado modificó, sin ningún fundamento legal, como ocurre ahora, la propuesta de gasto que en su momento hicieron los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), pues redujo a 96 millones de pesos la petición de los magistrados locales, cuando ellos, en aquél año, habían pedido 146 millones de pesos.
De acuerdo con los ministros, la única instancia facultada para ajustar las iniciativas de presupuesto correspondiente a alguno de los tres poderes, es el Legislativo y no el Ejecutivo, como ocurrió en este caso.
Según el otrora ministro, Genaro Góngora Pimentel, quien fue el ponente del caso, el gobernador, en complicidad con los diputados, violaron diversas disposiciones al reducir el presupuesto del Poder Judicial, además de que quebrantaron la división de poderes y el procedimiento para la formación de presupuesto de egresos, porque de acuerdo con el Código Financiero, los organismos deben integrar su anteproyecto de presupuesto para que sea remitido al Ejecutivo y éste lo integre a la propuesta de gasto para que sea aprobado por el Legislativo, pero sin que sean modificados, pues corresponde a los diputados realizar cualquier posible ajuste.
Ante esta omisión o abuso, los diputados estarían en la condición de regresar el paquete económico, ya que éste no se ajusta a las disposiciones jurídicas.
No obstante, en el ocaso del mandato constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no habrá ningún diferendo, por lo que dudo que exista titular de organismo autónomo o diputado, con interés jurídico, que se atreva a impugnar la iniciativa gubernamental y con ello, el proceso legislativo por el que se validará la distribución de los 17 mil 50 millones de pesos previstos a erogar en 2017.
Además, esta violación a la legalidad no es la única que persiste, pues no olvidemos que el gobernador no ha presentado su informe de gobierno que debió realizar desde el pasado mes de agosto y de paso, ahora busca que le aprueben de manera parcial la forma en la que gastó los dineros de enero a septiembre de este año.
