La disputa por la designación de los ocho personaje que habrán de integrar el Consejo General y el Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP-Tlax) vivirá los próximos días una pugna en la que desde ahora, podemos advertir, que se impondrán los intereses políticos más allá de la capacidad de los aspirantes.
Mi afirmación se sustenta en que todo, absolutamente todo, lo realizado por los diputados –como representantes de partido y no de la ciudadanía- ha sido pensando, actuando y realizado en torno a los efectos políticos que tiene su actuación.
También lo es porque los pujantes por esas posiciones se encuentran ex presidentes de la extinta Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (Caiptlax), ex trabajadores y funcionarios del IAIP-Tlax, ex candidatos a alcaldes y diputados, ex consejeros del extinto Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), así como funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) conforman la lista 24 aspirantes a comisionados del nuevo órgano en materia de transparencia en la entidad.
Los ex presidentes de la extinta Caiptlax, Claudio Cirio Romero y Francisco Javier Mena Corona –quien presidió el primer año del actual consejo y es familiar del gobernador electo, Marco Antonio Mena Rodríguez, buscan repetir.
También están en esa lucha los ex consejeros del IET, y ex candidatos a alcalde del PAN y a diputado por el PRD, ambos catedráticos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Jesús Ortiz Xilotl y Melecio Domínguez Morales, respectivamente.
De igual forma se encuentran en la lista de contendientes diversos trabajadores y funcionarios del IAIP-Tlax que buscan ascender en su servicio civil de carrera como es Lucero Romero Mora – quien es esposa del diputado electo del PRD, César Fredy Cuatecontzi Cuahutle-; Marlene Alonso Meneses; Mónica Cuamatzi Hernández y Francisco José Morones Servín
Ex trabajadores de la extinta Caiptlax se encuentran en este proceso de designación que lleva a cabo el Congreso local, como son Liliana Espinosa Arriaga, quien fungió como directora administrativa; Jaqueline Ordóñez Brasdefer, quien hace tres años compitió para el mismo cargo y ahora funge como directora de Programas y Vinculación con la Sociedad de la CEDH, Didier Fabián López Sánchez, secretario particular de la diputada federal priista Anabel Alvarado Varela y José Antonio Minor Camacho.
A ellos se les suman otros personajes como Cirilo Rosalío Espejel Velasco; Ángel Contreras Félix; Vicente Francisco Álvarez Nájera; Víctor Cid del Prado Pineda –quien lo mismo se ha registrado para consejero electoral que como a ombudsman; Marcia Elena Ramírez Sánchez; Fernando Hernández López; Jorge Silva Roldán; Eder Zempoalteca Morales; Edgar Israel Herrera Martín; José David Cabrera Canales; Édgar Téxis Zempoalteca y José Óscar Macías Montes.
Respecto al Consejo Consultivo del IAIP-Tlax, se registraron Jefeerson Ojeda Lara; Emanuel Montiel Flores; Ángel Grande Piedras y Gisela Pérez Águila.
En el ocaso de su mandato, las cosas, dudo mucho –ojalá me equivoque-, no pueden ni serán distintas, de ahí que los 24 aspirantes a integrar ese órgano pensado en ciudadanos, se definirá en los buros de los partidos políticos.
Los sustentantes, entre ellos dos ex presidentes del organismo garante de información, igual número de ex consejeros electorales y funcionarios, entre otros, saben bien que quienes lleguen a comisionados del IAIP-Tlax no será por sus capacidades y conocimientos en materia de derecho a la información o de acceso a la información pública, tampoco de protección de datos personales.
Desde ahora, a más 18 días de su examen final, los postulantes han dejado los libros y cursos para desde ya dedicarse al cabildeo a favor de contar con las simpatías de al menos 22 legisladores, a fin de lograr su unción en el citado organismo.
Es una lástima que en Tlaxcala todavía no se aspire a ocupar esas posiciones de carácter técnico solo pensando en capacidades y conocimientos; es la partidocracia la que define quienes ocupan esas posiciones, aspecto que lejos de ayudar al desarrollo de la cultura de acceso a la información pública se convierte en un dique a la ciudadanía para saber el qué y cómo opera nuestro andamiaje burocrático.
En nueve años y en tres consejos de este organismo ha imperado el reparto de cuotas y de espacios entre diputados y partidos y resultado de ello es que en Tlaxcala seguimos jugando a la transparencia en el ejercicio de la función pública, porque la añorada caja de cristal sigue siendo utopía.
