La violación sistemática de la norma y de los preceptos constitucionales es una constante en el gobernador Mariano González Zarur, para quien buscan recovecos y artilugios para tratar de salvar, con el apoyo de sus corifeos y gatilleros de papel a sueldo, su imagen.
El informe de gobierno, el último de su mandato constitucional, es una muestra fehaciente y vigente de lo anteriormente señalado.
La violación referida se da porque, en primera instancia, el mandatario debió presentar su informe durante los primeros 15 días del mes de agosto pasado, así lo establece la Constitución Política local en dos de sus numerales.
El artículo 44 de la Constitución establece que “dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año, el Gobernador del estado presentará el Informe, sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública estatal, para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado, o bien enviarlo por escrito. En el último año de Gobierno (que es el que estamos viviendo), el Informe se presentará en los primeros 15 días del mes de agosto”.
El 70 de la misma Constitución específica que “es obligación del Gobernador rendir por escrito el Informe sobre la situación general que guardan los diversos rubros de la administración pública, dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año. En el último año de Gobierno, el Informe se presentará en los primeros 15 días del mes de agosto”, sin embargo, ese informe no se ha rendido.
Pese a dichos ordenamientos, no lo hizo en ese periodo y ahora se presta a hacerlo el próximo 5 de diciembre, con el argumento de que esas disposiciones constitucionales son nuevas y no deben aplicársele a su administración, ya que fue electo con otro ordenamiento.
Pero ahora, la nueva violación legal que existe es que el mandatario realiza fuera de los plazos legales la promoción de sus actividades como mandatario, pues desde el pasado 27 de noviembre –nueve días antes de la entrega del documento al Legislativo, según lo confirmado en el Congreso local- se empezaron a difundir mensajes y estrategias de difusión de los logros de su gobierno.
Con ello, nuevamente se concretaría otra violación a las normas, pues el artículo 242, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que “para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores –es decir lo tuvo que haber hecho a partir del 29 de noviembre y no desde el 27- y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”.
Por una situación similar, el gobernador ya fue sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien en 2015, lo amonestó públicamente por violar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la indebida realización de su informe ciudadano llevado a cabo el 14 de enero de ese año y por la difusión que dio a éste.
Con él, fueron sancionados el titular de la Coordinación de Información y Relaciones Públicas del Gobierno, Raymundo Vega y Crespo, así como de las radiodifusoras FM Centro, Radio Huamantla, Radio Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Calpulalpan y Televisión de Tlaxcala, por haber hecho esa transmisión, según se asentó en el procedimiento especial sancionador registrado dentro del expediente SRE–PSC–27/2015, que interpuso el Partido del Trabajo (PT).
En aquella ocasión, los tres magistrados de la Sala Especializada del TEPJF, Gabriela Villafuerte Coello, Clicerio Coello Garcés y Felipe de la Mata Pizaña coincidieron en que el informe ciudadano fue una extensión indebida del informe anual de labores que el mandatario estatal entregó el 5 de diciembre de 2014 a los integrantes de la LXI Legislatura de Tlaxcala.
De acuerdo con el resolutivo, del cual fue ponente el presidente de la Sala Especializada, Clicerio Coello Garcés, existió una violación a las disposiciones jurídicas electorales, pues el gobernador realizó “con su informe ciudadano”, una extensión indebida de su informe constitucional.
Esa violación se da sin considerar que la Sala Superior del TEPJF ha establecido que la promoción, velada o explícita del servidor público, constituyen promoción personalizada, pues estima que la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos como propaganda personalizada afecta directamente la equidad, por lo que deben prohibirse, según lo resolvió en el juicio SUP-RAP- 43/2009.
Además, los magistrados establecieron que los hechos que configuran la promoción personalizada son aquellos que utilizan el nombre, silueta, fotografía, imagen o voz de un servidor público o símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conducen a relacionar la propaganda con el servidor público; las distintas voces relacionadas con el voto o que sean similares y puedan vincularse a las distintas etapas del proceso electoral, pero también los mensajes que busquen obtener el voto a favor de un servidor público o un tercero o algún partido político, aspirante, precandidato o candidato por lo cual, el actual esquema de informe que realiza el mandatario incluso podría violentar otros ordenamientos constitucionales, aunque esos podrían discutirse y litigarse.
Si bien la responsabilidad de la violación es el del mandatario, lo cierto es que mucha de ella pesa en sus asesores y funcionarios, quienes exponen al Ejecutivo a estos desatinos, pues como el propio González Zarur me dijo hace más de 12 años: Juan Luis, yo no sé todo; yo soy el director de la orquesta, no toco ni cargo el tololoche, cada quien tiene sus funciones, que las cumplan. Alguien le falló señor gobernador.
