Una pista de aterrizaje que ya desearía el mismísimo proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es en lo que han convertido la mayoría de los diputados al Poder Legislativo local.
Legislatura pasa y legislatura llega, pero las cosas no cambian en la materia; ven el presupuesto y la facultad que tienen para fiscalizar todo el recurso que llega a Tlaxcala, incluido el que se gastan, para hacer de esas arcas una manera de obtener dinero de manera ilegal.
Y no digan que no es así. Las pruebas ahí están. Solo les recuerdo algunos de los casos recientes que han ocurrido en el edificio ubicado allá en la calle allende número 31 de la ciudad capital de Tlaxcala.
Los anteriores diputados crearon al menos 35 plazas –aunque se hablan de más- que fueron asignadas a sus hijos, tíos, primos, sobrinos y diversos familiares por consanguinidad y afinidad.
Ahí están los casos de la ex diputada del PAC, Evangelina Paredes, quien decidió otorgar una plaza laboral a su hijo Eymi Palacios Paredes, mismo que procreó con el ex diputado local y líder de ese instituto político, Bernardino Palacios Montiel. Y qué creé usted amigo lector, fuentes confiables nos confirman que el pequeño Eymi solo acude al Congreso prácticamente a cobrar su quincena.
Además está el caso del panista Julio César Álvarez García quien tampoco perdió la oportunidad de lograr otro beneficio más como diputado, pues otorgó una plaza a su tío –hermano de su papá– de nombre Ángel Adelfo Álvarez García. Pero no solo eso, el año pasado se conoció que tenía en la nómina del Congreso a su esposa y sobrina de su correligionario y presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Roberto Zamora Gracia, de nombre Mariana Jiménez Zamora, quien cobraba un salario sin trabajar y sin rendir función alguna del Poder Legislativo local, pues en los tres años recibió un pago mensual sin devengar servicio alguno por 8 mil 150 pesos.
De esos basificados, si bien algunos de ellos, si bien acudieron a trabajar, muchos se la pasaron comisionados a sus mentores y promotores y con el cambio de legislatura, la mayoría no tuvo otra que ahora sí, desquitar la beca que habían gozado y desquitar lo que perciben como salario.
Sin embargo, a pesar que al inicio de la presente legislatura se anunció que se eliminarían esas plazas, lo cierto es que no pasó nada y peor aún, se repiten los mismos excesos e ilegalidades.
De acuerdo con información dada a conocer por Estado29.mx, http://estado29.mx/index.php/2017/04/18/denuncian-trabajadores-del-congreso-la-existencia-aviadores-del-ps-del-pan/, las cosas siguen igual o peor.
A través de la contratación de personal de confianza, presuntamente se habría incrustado en la nómina del Poder Legislativo a una serie de personas que también solo cobrarían una retribución sin trabajar.
De acuerdo con esa información, se refiere que: “De forma precisa los denunciantes destacaron que entre la lista de aviadores se encuentra el ex diputado de la LX legislatura local por el PAN, Enrique Javier Ramírez de la Vega quien al término de su representación se insertó en la filas del PRI sumándose a la entonces diputada federal Guadalupe Sánchez Santiago…ahora declararon “acude cada quincena sin realizar trabajo en el Poder Legislativo y solo alzando la mano para cobrar, pero ahora cobijado bajo las siglas del Partido Socialista…”.
“Al partido Socialista también se le achaca otra aviadora, se trata de Evelia Flores Morales quien fue presidenta de comunidad de Ignacio Zaragoza en el municipio de Huamantla, durante la administración del priista Carlos Ixtlapale y en febrero del 2016 fue presentada como candidata a diputación local por el décimo distrito, lo que le garantizó un salario en esta legislatura.
“En esta lista también estaría Raúl Aarón González Galván quien es cercano al grupo del ex edil del municipio de Tlaxcala, Adolfo escobar Jardinez y del ahora regidor de Chiautempan Damián Mendoza, personaje avalado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, siendo otro de los aviadores”, refiere la información.
Con estas imputaciones, el presidente del Comité de Información del Congreso local, el panista Juan Carlos Sánchez García, debe rendir un informe y acabar, en su caso, con esos excesos, pues de lo contrario, los integrantes de la LXII Legislatura no tendrían moral para observar excesos de este tipo cometidos por otros entes fiscalizables.
Frenar esta pista de aterrizaje de aviadores es obligación legal y moral de nuestros diputados.
