Hay que ser cínico y un cara dura para acusar a los demás de dañar el patrimonio y las arcas públicas y de paso, ser el principal beneficiado de esos millonarios recursos con los cuales se busca beneficiarse.
Y eso es lo que hace el director de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, José Manuel García Valencia, quien exige al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) el pago de una indemnización por un monto que ahora asciende a 2 millones 843 mil 127.83 pesos.
Él es uno de los diversos directivos en las áreas administrativas que el pasado 31 de enero designó y encargó el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez en el manejo de los recursos públicos de su administración.
García Valencia se desempeñó como jefe de departamento de Recursos Materiales y Servicios en el Congreso del estado, también director administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM) de Tlaxcala, director de Control Presupuestal de la Tesorería del ayuntamiento de Tlaxcala y jefe del Departamento de Recursos Materiales del OFS, de donde fue destituido en 2008.
Ahora, con un salario nada despreciable, exige y acusa que no le han pagado un finiquito por el cual exige recursos que servirían por lo menos para beneficiar a por lo menos 20 familias con un pie de casa.
El ahora encargado de dirigir los procesos de adjudicación y contratación en materia de adquisiciones, mantenimiento, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de las dependencias, órganos desconcentrados y unidades de apoyo de la administración pública estatal, vigilando que los procedimientos se realicen conforme las disposiciones normativas, políticas, bases y lineamientos aplicables en el gobierno estatal acusa que ha sido afectado en su patrimonio al no recibir esos recursos.
En su denuncia, ahora litigada ante el Congreso local, García Valencia denunció una serie de presuntas omisiones e irregularidades cometidas en su agravio por personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado y del propio OFS, que se han negado a garantizar el pago de indemnización por un monto que ahora asciende a 2 millones 843 mil 127.83 pesos.
En su argumento, acusa y denuncia que la actuación de los funcionarios del OFS y del Tribunal además de generarle un daño, también afectan a las arcas del Estado, ya que mientras pasan más días sin que le sea cubierto su pago, mayor será el daño al erario
“Es importante señalar que a la fecha las prestaciones a que fue condenado el demandado OFS han llegado a la cantidad de 2 millones 843 mil 127.83 pesos…porque debido a la negativa a realizar el pago a la fecha la cantidad se ha duplicado, generando daños patrimoniales el erario, ya que dicha cantidad que aún no se ha cubierto se seguirá actualizando y en consecuencia aumentando hasta el total cumplimiento del laudo en cuestión”, refiere en su demanda García Valencia.
De paso, exige a los diputados locales procedan de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tlaxcala y revisen “las políticas de retardo, acciones retardatarias, impericia inexcusable y negligencia profesional de quienes fungen como representantes legales en este litigio, que ha dado como resultados la condena millonaria con cargo al erario”.
Pese a ese doble discurso, es tiempo que el propio gobernador y demás autoridades eviten contratar a personas que mantienen litigios contra del Estado, entendido como los tres poder y municipios, pues no son pocos los casos que han hecho de esta actividad un modus vivendi.
Recuerdo el caso de un reportero que entabló en un mismo sexenio sendos litigios ante los institutos Tlaxcalteca de la Cultura y del Deporte de Tlaxcala, a quienes les “sacó una jugosa ganancia” con cargo al erario.
