El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización en el Congreso del Estado, Alberto Amaro Corona, sostuvo que se aplicarán las sanciones económicas y administrativas a las autoridades de los Ayuntamientos que incumplieron con la presentación de la primera cuenta pública trimestral del 2017, que deberán ser pagadas con recursos propios de los servidores públicos morosos y no del erario.
Al respecto, mencionó que será este viernes cuando remita la información sobre la presentación de los estados financieros de los 32 municipios que cumplieron con esa obligación al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), y que a partir de entonces la auditora superior del Congreso del Estado, Isabel Maldonado Textle, se hará cargo de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, así como de enviar los apercibimientos a las autoridades incumplidas.
Explicó que el artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece que “en caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública, en el plazo establecido, el OFS requerirá y apercibirá a los servidores públicos responsables para que presenten la cuenta pública y en el caso de que no lo realicen en un último término de cinco días, contados a partir de la notificación del requerimiento y apercibimiento, procederá a fincar la responsabilidad correspondiente y se impondrán las multas”.
El diputado perredista recordó que la ley también señala que las multas económicas deben ser pagadas por los servidores públicos de su peculio, y no con recursos del erario público, por lo que estará pendiente de que así sea.
“La Comisión de Finanzas le va a pedir al Órgano que esté muy atento en eso que paguen con recursos propios de ellos no del erario porque así lo establece la ley no con recursos de los ayuntamientos”, sostuvo.
El diputado agregó que la normativa establece que si no cumplen después del apercibimiento, y si no hay una justificación para la no presentación de la cuenta pública, podrían hacerse acreedores hasta de una denuncia penal por la probable comisión del delito que resulte, por lo que llamó a los presidentes municipales a cumplir con la entrega de sus estados financieros.
En ese sentido, el artículo 73 de la misma ley establece la imposición de multa de 200 a 300 días de salario mínimo general vigente en el Estado, cuando el atraso sea de hasta tres meses, El Órgano informará al Congreso en un lapso no mayor de diez días.
