El presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Carlos Gutiérrez Carrillo, lamentó que los integrantes del Congreso del Estado quieran cambiar el nombre a la Ley Estatal Anticorrupción por el de ‘Ley de Ética e Integridad Pública del Estado de Tlaxcala’, pues consideran que con eso el sistema local pierde fuerza respecto al contexto que se trata de abatir.
En ese sentido, el representante empresarial comentó que la Coparmex ha estado participando en el proceso de homologación del reglamento local con la Ley Nacional Anticorrupción, y que se han mostrado en contra de que se cambie el nombre del reglamento en la entidad, tomando en cuenta que se debe dar certeza a la población sobre lo que se abordará en dicha armonización.
“Nosotros estamos participando de cerca con la homologación del Sistema Nacional Anticorrupción del estado, somos de la voces que decimos que no cambie el nombre, el nombre que pretenden los diputados darle a nuestro Sistema Local Anticorrupción como Sistema de Ética e Integridad Pública es muy propositivo pero pareciera que pierde de la fuerza del contexto que se quiere tratar a través del nombre”, consideró Juan Carlos Gutiérrez.
Lo importante –consideró- es que el mensaje a la ciudadanía no cambie por una diferencia en el nombre del sistema, el cual tiene como objetivo combatir la impunidad y la corrupción que actualmente son factores que afectan la competitividad y frenan el crecimiento económico en la entidad.
Sentenció que es necesario, que esas malas prácticas sean erradicadas de la cultura de negocios en el estado y de la sociedad en general, siendo la corrupción el problema más fuerte en Tlaxcala como en el país.
Recordó que la Coparmex participó en los foros que organizó el Congreso del Estado para la implementación del sistema en la entidad, donde el sector empresarial mostró su interés en no cambiar el nombre de la Ley Estatal Anticorrupción, mencionó que su voz como otras que se manifestaron en el mismo sentido deben ser tomadas en cuenta por parte de los legisladores locales para llegar concretar la reforma en tiempo y forma el 18 de julio próximo sin ninguna postura en contra de los sectores sociales, empresariales, políticos, entre otros.
